Ignacio Alarcón, actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y dueño de la cadena Mr. Pampas, fue declarado culpable del delito de despojo. La resolución fue emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Las autoridades determinaron su responsabilidad penal por la apropiación ilegal de terrenos en el municipio de Huamantla en 2015. Ante ello es que deberá pasar un tiempo en prisión.
Presidente de la Canirac es penalmente responsable de despojo
De acuerdo con la investigación judicial, Alarcón se adueñó de manera indebida de varias parcelas que pertenecían a Rafael N., quien fue reconocido por la autoridad como el legítimo propietario. El empresario incurrió en el delito de despojo, por lo que deberá enfrentar una sanción penal. 
La sentencia establece una pena de seis meses y 11 días de prisión, además del pago de una multa equivalente a 14 días de salario mínimo vigente en Tlaxcala al momento de los hechos. Aunque el salario mínimo ha aumentado considerablemente desde entonces, el monto de la sanción económica se calculará con base en el valor que tenía en 2015.
Además de la pena corporal y la multa, el fallo judicial ordena la reparación integral del daño a favor de la víctima. Esto incluye la restitución de los terrenos despojados o, en su caso, el pago de su valor comercial actualizado, así como una indemnización por daño material o moral y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la ocupación ilegal.
El fin de una disputa
Ignacio Alarcón asumió la presidencia de la Canirac a inicios de marzo de 2024, para el periodo 2024-2025. En su discurso de toma de posesión, destacó la labor de su antecesor, Germán González, y aseguró que daría continuidad al trabajo realizado, subrayando la resiliencia del sector restaurantero frente a los retos enfrentados en años recientes.
Hoy, el dirigente empresarial enfrenta un escenario distinto al que describía hace poco más de un año. Con una sentencia en su contra, deberá cumplir con las sanciones impuestas por la justicia y atender las obligaciones legales derivadas de un delito que, aunque ocurrió hace más de 10 años, hoy tiene consecuencias directas sobre su trayectoria pública y empresarial.
