Productores de maíz de Campeche intensificaron su protesta debido al incumplimiento de compromisos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en relación con los precios y garantías para la comercialización de la cosecha estatal, estimada en 700 mil toneladas este año.
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Durante la reunión con el subsecretario Leonel Cota Montaño, los agricultores expresaron su frustración por la falta de un diálogo efectivo con los principales industriales y comercializadores del maíz, entre ellos Maseca, Minsa, Bachoco, Kekén y Crío.
Reclamación y tensiones en la mesa de negociación
En un ambiente tenso, marcado por gritos y golpes sobre la mesa, los maiceros rechazaron la propuesta de Segalmex para comprar solo 64 mil toneladas a un precio base de 6,200 pesos, complementado con un subsidio federal y estatal para llegar a un total de 7,200 pesos por tonelada.
Sin embargo, no hubo acuerdos con las empresas que fabrican harina de maíz y alimentan granjas de producción animal, quienes prefieren importar maíz transgénico a menor costo.
Los productores amenazaron con bloquear el ingreso de productos de las empresas antes mencionadas en caso de que no se concrete un acuerdo en la próxima reunión, programada para el martes siguiente. Señalaron que el abandono a la producción local y la preferencia por maíz extranjero pone en riesgo su sustento y la soberanía alimentaria del país.
Situación actual y perspectivas de los productores de maíz
La falta de representantes empresariales en la reunión agrava la incertidumbre y la percepción de incumplimiento de promesas hechas el pasado 14 de noviembre, cuando se aseguró a los campesinos la compra total de su producción.
Los maiceros de municipios como Campeche, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Hopelchén insisten en la necesidad de que el Gobierno federal y estatal intervengan para garantizar un mercado justo y condiciones dignas para el maíz blanco de alta calidad producido en la entidad.
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La crisis entre maiceros y autoridades revela los desafíos del sector agrícola para consolidar políticas que protejan al productor nacional ante la competencia exterior. La continuidad de esta disputa pone en jaque no solo la economía de miles de familias campesinas, sino también la estabilidad del mercado de uno de los alimentos básicos más importantes en México.
