México lidera en medicamentos más caros de Latinoamérica. Según comparativos internacionales, los precios de fármacos patentados en el país superan a los de Brasil, Colombia y Argentina, convirtiendo a los consumidores mexicanos en los que más desembolsan por terapias de última generación. Esta situación preocupa al sector salud y a la ciudadanía, pues afecta de manera directa el gasto sanitario de los hogares.
Entre los factores que explican este fenómeno está la estructura regulatoria local, más flexible que la de otros países de la región. Mientras que Brasil y Colombia aplican esquemas de control de precios para medicamentos innovadores, México mantiene una política de liberalización que prioriza la rentabilidad de las grandes farmacéuticas. Esto genera un costo elevado para la población, a pesar de que las empresas justifican los precios altos como motor de investigación y desarrollo de nuevos fármacos.
Comparativa regional y modelos exitosos
En Colombia, la Circular de 2013 estableció precios de referencia internacional, reduciendo hasta en 55% el costo de ciertos medicamentos de alto precio, sin limitar el acceso a terapias innovadoras. Brasil, por su parte, cuenta con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y la Cámara de Regulación de Precios de Medicamentos (CMED), que fijan los precios de entrada y controlan los aumentos anuales mediante criterios técnicos.
Argentina ha optado por medidas temporales ante crisis económicas, como congelar los precios de fármacos patentados durante periodos definidos, mientras que Chile mantiene costos más bajos que México aun con un sistema liberalizado, demostrando que la regulación no necesariamente frena la innovación.
Estos ejemplos muestran que un marco regulatorio robusto puede equilibrar la rentabilidad de las farmacéuticas con la protección del consumidor, asegurando acceso a terapias avanzadas sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Impacto en la población y necesidad de acción
El gasto de los mexicanos en medicamentos patentados representa cerca del 40% del total del gasto sanitario, uno de los porcentajes más altos de la región. Esta situación evidencia que la falta de regulación efectiva encarece la salud y limita la equidad en el acceso a tratamientos.
Regular los precios no debería interpretarse como un freno a la innovación, sino como una estrategia para armonizar intereses corporativos y derechos ciudadanos. La salud es un derecho fundamental y su acceso no puede depender exclusivamente de la rentabilidad empresarial. Mantener el statu quo equivale a complicidad silenciosa, donde los beneficios económicos prevalecen sobre la dignidad y bienestar de las personas.
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