Una de las prácticas de evasión que más afectan a la economía mexicana es el huachicol fiscal. Contrario al robo directo a las tuberías de Pemex, esta modalidad opera desde los puertos y aduanas del país, con un nivel de sofisticación que evidencia tanto la participación de empresas como la complicidad de funcionarios públicos.
En México las pérdidas superan los 170,000 millones de pesos, según el informe “Recaudación potencial del contrabando fiscal” de Petro Intelligence. Este esquema no se basa en perforaciones clandestinas, sino en un fraude bien estructurado.
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Los combustibles como gasolina y diésel ingresan al país bajo fracciones arancelarias falsas, registrándose como lubricantes o alcoholes que están exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Al evadir este gravamen, los grupos responsables logran vender combustible a precios más bajos, lo que genera márgenes de ganancia desproporcionados y coloca en desventaja a los distribuidores que cumplen con la ley.
El caso del puerto de Tampico ilustra la magnitud del problema. Allí, un barco cargado con hidrocarburos camuflados como otros productos fue asegurado. Esta acción concluyó con el arresto de al menos catorce personas. Entre los implicados se encontraban “empresarios, marinos en activo, un marino retirado y exfuncionarios de aduanas”. Este operativo confirmó la profundidad de las redes de corrupción que permiten la operación del huachicol fiscal.
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El crimen organizado y el huachicol fiscal
El impacto de esta práctica va más allá del ámbito tributario. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, el huachicol es ya la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo superada por el narcotráfico. Esto refleja cómo una modalidad de contrabando que en apariencia es técnica y burocrática termina financiando actividades ilícitas de gran alcance.
Hoy, el delito involucra corrupción institucional, lavado de dinero y fraude a gran escala, lo que lo convierte en un desafío de seguridad nacional.
El combate a este esquema requiere reforzar la vigilancia en aduanas, transparentar los permisos de importación temporal y establecer sanciones más severas tanto para las empresas que participan en estas prácticas como para los funcionarios que las facilitan. De lo contrario, el huachicol fiscal continuará drenando recursos públicos y fortaleciendo a las redes criminales en México.
