El aseguramiento del buque tanque Challenge Procyon, el 19 de marzo de 2025 en el puerto de Altamira, Tamaulipas, reveló un esquema que utilizaba documentación irregular para introducir hidrocarburos y armas al país. Durante el operativo, autoridades federales incautaron 10 millones de litros de diésel, además de 192 contenedores, tractocamiones y armamento de alto poder, lo que abrió la puerta a una indagatoria de gran alcance.
De acuerdo con los reportes, los documentos presentados en la aduana señalaban que la embarcación trasladaba lubricantes, aditivos o resinas. Sin embargo, las cargas en realidad consistían en combustible ilegal. Una denuncia anónima detalla que personal en los puertos de Altamira y Tampico avalaba estas operaciones a pesar de las inconsistencias, lo que facilitó el ingreso de combustible ilegal durante varios meses sin mayores obstáculos.
Avances en el proceso judicial
La causa penal 216/2025 imputa a tres personas: el empresario Héctor Manuel Portales Ávila, el exjuez federal Anuar González Hemadi,destituido en 2017 por el caso de Los Porkys y José Ramírez Guardado. Según la investigación, ellos operaban a través de la empresa Mefra Fletes, dedicada al transporte de combustibles y señalada de funcionar como una pieza central en la red de distribución de hidrocarburos ilegales.
El expediente recoge testimonios de testigos que sostienen que el buque descargaba diésel de día y armas de noche para evitar la detección. En uno de los seguimientos, agentes federales observaron que pipas con logotipos de distintas compañías trasladaban cajas de madera hacia un predio en Altamira. Al intentar acercarse, fueron intimidados por hombres armados, quienes les ordenaron retirarse del lugar bajo amenazas.
Indagatorias ampliadas
La Fiscalía General de la República (FGR) amplió la investigación hacia al menos ocho personas más, así como a compañías vinculadas con rutas marítimas internacionales que podrían estar involucradas en el tráfico de hidrocarburos y armas.
La próxima audiencia está programada para el 30 de octubre en los juzgados federales del penal de El Altiplano, Estado de México. En esa sesión se espera que el Ministerio Público presente nuevas pruebas que permitan precisar el grado de complicidad de las autoridades aduanales y la posible relación de esta red con grupos delictivos de alcance nacional.
