Alito Moreno denuncia a Fernández Noroña ante la FGR

Alito Moreno denuncia a Fernández Noroña ante la FGR Alito Moreno denuncia a Fernández Noroña ante la FGR
“Alito” Moreno denunció a Gerardo Fernández Noroña ante la FGR por amenazas y pidió protección a la Segob.

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, denunció el 27 de agosto a Gerardo Fernández Noroña ante la Fiscalía General de la República (FGR) por amenazas, luego de un altercado en el Senado que escaló a acusaciones públicas y acciones legales. Según Moreno, la situación representa un intento de intimidación hacia las voces opositoras y busca frenar su labor política. Por esta razón también acudió a la Secretaría de Gobernación (Segob) para solicitar protección formal.

Solicitud de protección a la Segob

En sus redes sociales, el priista afirmó que la denuncia incluye a Emiliano González González, identificado como la persona que intervino durante el incidente registrado en la Cámara Alta. Además, expresó que no permitirá que funcionarios públicos usen su cargo para intimidar o silenciar opositores. Subrayó que su solicitud a la Segob busca garantizar seguridad personal y la de otros legisladores del PRI, como Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo y Eruviel Ávila, quienes también fueron señalados como destinatarios de amenazas.

Moreno indicó que la petición formal fue entregada al Mecanismo de Protección, recurso destinado a salvaguardar a quienes enfrentan riesgos por su labor política o social.

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Contexto de la denuncia y tensión política

El conflicto entre ambos legisladores surgió tras un intercambio de acusaciones y empujones durante la sesión del 27 de agosto. Moreno calificó a Noroña como “corrupto, cínico, cobarde y mentiroso”, mientras que el presidente de la Mesa Directiva del Senado respondió con críticas hacia la dirigencia del PRI.

Este episodio se suma a una serie de confrontaciones que han marcado las últimas semanas en el Congreso y que han escalado hasta llegar a denuncias penales y solicitudes de protección gubernamental. El PRI sostiene que estas medidas son necesarias para asegurar que las diferencias políticas no pongan en riesgo la integridad física de los legisladores ni la estabilidad institucional.

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