La presidenta Claudia Sheinbaum reveló a los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Este órgano busca revisar y proponer cambios al sistema electoral mexicano. Sin embargo, lejos de recibir aprobación unánime, el anuncio provocó reacciones encontradas por el historial de varios de sus miembros.
La noticia llega tras el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como coordinador de la comisión, y fue oficializada a través de un decreto publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación.
Según el documento, la comisión deberá instalarse en un plazo máximo de diez días hábiles y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, a menos que la presidenta decida disolverla antes. En ese periodo, los integrantes elaborarán diagnósticos y formularán propuestas legislativas para fortalecer la democracia en México.
¿Quiénes integran la Comisión y por qué generan controversia?
Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), liderará la comisión. Durante su paso por la UIF, fue cuestionado por no investigar casos de presunto lavado de dinero. Tal fue el caso de Véctor Casa de Bolsa, CiBanco e Intercam, que fueron acusadas en Estados Unidos por narcolavado. Además, se le señaló de acusar a jueces federales de proteger al crimen organizado, lo que fue interpretado como una forma de presión política, especialmente en tiempos electorales. También denunció a Latinus por lavado de dinero, acusación que el medio calificó como un intento de censura.
Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se suma a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Sin embargo se le vinculó a una investigación interna por presionar a jueces y magistrados para beneficiar políticamente al gobierno. El exministro fue señalado de intervenir en decisiones clave como la Ley de Hidrocarburos y la cancelación del aeropuerto de Texcoco, además de casos de alto perfil como el de Emilio Lozoya o Rosario Robles.
Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación y ex titular de Seguridad, también formará parte de este grupo. Durante su gestión al frente de la seguridad nacional, fue criticada por los altos niveles de violencia en el país y por ofrecer cifras poco claras sobre la situación. Algunos periodistas la acusaron de manipular estadísticas para proyectar una imagen de mejora, lo que generó desconfianza sobre su manejo de datos sensibles.
Ernestina Godoy, exfiscal de la CDMX, llega a la comisión tras un mandato polémico. Aunque impulsó acciones contra la violencia de género, también fue señalada por la falta de resultados concreto. Además estuvo marcada por el caso de Alejandra Cuevas, quien fue encarcelada injustamente por más de 500 días. Además, se le acusó de plagio en su tesis de licenciatura por el escritor Guillermo Sheridan.
Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, es otro de los perfiles nombrados para la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Su gestión estatal fue señalada por haber pedido apoyo militar a Felipe Calderón para combatir al crimen organizado, hecho que marcó el inicio de la llamada “guerra contra el narco”. Además, fue vinculado a Odebrecht por presuntamente otorgar contratos inflados a la empresa brasileña durante su gobierno.
Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se ha visto envuelto en escándalos por presunta contratación de empresas fantasma durante la campaña presidencial de 2018. También fue señalado por la periodista Sanjuana Martínez por presuntos actos de corrupción relacionados con Notimex.
José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, fue criticado por insensibilidad y decisiones polémicas. En 2020 publicó una imagen violenta en redes en medio del feminicidio de Ingrid Escamilla, lo que provocó indignación. También fue responsable de promover el uso de ivermectina contra el Covid-19 en la CDMX, pese a que la OMS lo desaconsejaba; en la CDMX hubo más de 44 mil defunciones por el coronavirus.
La conformación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral busca fortalecer la democracia, sin embargo el historial de sus integrantes genera crítica por la falta de credibilidad en las instituciones.