En una decisión que ha generado fuertes críticas por parte de organismos internacionales, la Secretaría de Economía pospuso hasta 2028 la implementación total del etiquetado frontal de alimentos, modificando por cuarta ocasión el calendario original de esta política pública. La medida, publicada en el DOF el pasado 15 de noviembre, afecta particularmente a la tercera fase que debía regular todos los componentes naturales de los productos alimenticios.
Fuentes cercanas al proceso legislativo revelaron que esta decisión viene precedida por:
- Intenso cabildeo de las cámaras industriales (CONMÉXICO, CANACINTRA)
- Presiones de empresas trasnacionales de alimentos
- Preocupaciones sobre el abasto de productos básicos
- Limitada capacidad de adaptación de las PyMEs del sector
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Análisis económico del impacto:
- La industria argumenta costos de reformulación entre 500 mdp y 1,500 mdp
- Las grandes empresas (80% del mercado) ya cumplen con el 95% de los requisitos
- El costo por producto varía entre $0.15 y $2.50 según tamaño de empresa
- Existen apoyos fiscales del 30% para adaptación tecnológica
La OCDE y la OPS han expresado su preocupación por lo que consideran “un precedente peligroso en materia regulatoria”.
Cronología de modificaciones:
- 2020: Implementación fase 1 (solo nutrientes críticos añadidos)
- 2022: Primer aplazamiento de fase 2 (de 2023 a 2024)
- 2023: Segundo aplazamiento de fase 3 (de 2025 a 2026)
- 2025: Tercer aplazamiento (de 2026 a 2028)
Analistas económicos señalan que esta medida podría afectar la reputación de México en acuerdos comerciales internacionales, donde se había comprometido a fortalecer sus estándares de salud alimentaria.
