Carlos Martín González, ciudadano mexicano de 26 años, ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de turista vigente. Su llegada a Florida tenía fines turísticos, pero desde el 7 de julio enfrenta una situación legal compleja tras ser detenido durante un operativo vehicular en una autopista estatal.
La detención ocurrió cuando autoridades de la Patrulla de Carreteras de Florida detectaron que el automóvil en el que viajaba no contaba con registro válido. Aunque se trataba de una infracción administrativa menor, se activó una retención migratoria (immigration hold), que derivó en su traslado a un centro de detención federal.
Carlos fue enviado al Centro de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, una instalación provisional ubicada en los humedales de los Everglades y apodada “Alligator Alcatraz” por las propias autoridades de Florida. Se trata de un complejo habilitado para alojar hasta 5,000 personas mientras se define su situación migratoria.
Sin expediente formal, ni defensa legal ni asistencia consular en Alligator Alcatraz
Desde su detención, Carlos no puede recibir visitas, consultar con un abogado ni comunicarse con autoridades consulares. Su familia ha reportado que no existe un número de caso migratorio activo, lo que impide que cualquier instancia legal o diplomática pueda intervenir formalmente en su defensa.
“La abogada ya envió varias solicitudes, pero no ha recibido respuesta. El consulado tampoco ha podido hacer nada porque no hay expediente abierto”, explicó un familiar.
La familia insiste en que Carlos no tiene antecedentes penales y que su estadía en el país es legal.
La situación ha generado preocupación por los vacíos en el sistema migratorio estadounidense. Mientras no exista un expediente asignado, los detenidos no pueden apelar su situación ni acceder a representación legal efectiva, lo que prolonga su estancia en condiciones inciertas.
“Alligator Alcatraz” ha sido visitado recientemente por legisladores, entre ellos el congresista Darren Soto, quien denunció condiciones de hacinamiento, falta de privacidad y deficiencias en el suministro de alimentos.
Aunque el centro fue presentado por el gobernador Ron DeSantis como una solución temporal ante el aumento de migrantes, ha enfrentado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades locales.
