La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, un marco jurídico que otorga amplias facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para acceder a datos personales y sensibles, en muchos casos sin necesidad de orden judicial.
La ley, promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca fortalecer la estrategia nacional de seguridad frente al crimen organizado y fue avalada con 368 votos a favor y 101 en contra en lo general, y 324 a favor y 117 en contra en lo particular.
¿Qué establece la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en México?
La Ley de Investigación e Inteligencia reglamenta el párrafo décimo tercero del artículo 21 constitucional y crea la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y coordinada por la SSPC.
Esta normativa permite el acceso directo a una amplia variedad de bases de datos públicas y privadas, incluyendo:
- Datos bancarios y financieros
- Registros telefónicos y de telecomunicaciones
- Información biométrica (huellas, reconocimiento facial)
- Datos fiscales y catastrales
- Información sobre vehículos y propiedades
- Padrones de detenidos y sentenciados
- Registros de salud, educación, transporte y armas de fuego
La ley obliga a instituciones públicas y empresas privadas a vincular sus bases de datos al sistema para alimentar los “productos de inteligencia” del Estado.
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Críticas: ¿Espionaje institucional o herramienta contra el crimen?
La Ley de Investigación e Inteligencia ha generado una intensa polémica. Legisladores de Morena, PT y PVEM defienden su utilidad para combatir el crimen organizado, mientras que la oposición (PAN, PRI, Movimiento Ciudadano) advierte sobre riesgos a la privacidad y el posible uso político de la información.
Uno de los puntos más cuestionados es el Artículo 26, que deja abierta la interpretación sobre si el acceso a los datos requerirá “control judicial”. Críticos denuncian que esta ambigüedad permite al gobierno intervenir en la vida privada de los ciudadanos sin orden judicial.
Además, existe preocupación por el riesgo de persecución política y vigilancia a líderes sociales, periodistas y críticos del gobierno, afectando derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.
¿Qué dice el gobierno sobre la Ley de Investigación e Inteligencia?
El gobierno argumenta que la ley no es un mecanismo de espionaje, sino una respuesta moderna al crimen complejo. La diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad, asegura que el sistema “no interceptará comunicaciones privadas ni recabará datos biométricos de forma masiva” y que su uso será “proporcional y respetuoso del marco constitucional”.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, afirma que el uso de los datos estará bajo control del Ministerio Público y no será indiscriminado.
¿Qué sigue tras la aprobación de la Ley de Investigación e Inteligencia?
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la ley pasará al Senado para su discusión final. Organizaciones de derechos humanos, expertos en protección de datos y colectivos ciudadanos exigen mayor transparencia, límites claros y mecanismos de fiscalización. Se prevé que, en caso de aprobación definitiva, la ley sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por posibles violaciones a los derechos humanos y al principio de legalidad.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública representa uno de los mayores cambios en la política de seguridad de México en los últimos años. El debate continúa abierto: ¿contribuirá efectivamente al combate del crimen organizado o será un instrumento de vigilancia masiva que vulnere derechos constitucionales?
