La reducción de jornada laboral no es viable para el sector terciario mexicano, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR). De acuerdo a la confederación, incluso si se implementa de forma gradual, no considera las condiciones productivas del comercio, los servicios y el turismo.
Actualmente, el 71.2 % del empleo formal en México se concentra en el sector turístico, con 33 millones de trabajadores. A diferencia de los procesos industriales automatizados, el sector terciario depende del flujo de consumidores, la atención directa y la operación en días festivos para funcionar y tener viabilidad.
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Condiciones distintas exigen legislación diferenciada
Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR, explicó que “no se puede aplicar la misma lógica de reducción de jornada laboral a quien trabaja con contacto directo con el cliente”.
Señaló que una reforma sin realismo operativo ni diálogo con los territorios generará informalidad, menor productividad y más incertidumbre.

La Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que cualquier reforma debe considerar las condiciones económicas y sectoriales. En países como Alemania y España, las reformas laborales incluyeron consultas amplias, inversión en capacitación y apoyo a sectores vulnerables, situación que no se replica en la propuesta mexicana.
Impactos negativos para pequeños negocios
El sector terciario enfrenta costos operativos elevados, regulaciones complejas y una plantilla centrada en el servicio, no en la producción. La reducción de jornada laboral implicaría reorganizar turnos, bajar ingresos por hora, reducir la rentabilidad y empujar a pequeños negocios fuera de la formalidad.
La Confederación también advirtió que imponer esta medida sin ajuste al modelo productivo pone en riesgo la sostenibilidad de miles de empresas familiares, comercios locales y prestadores de servicios turísticos.
CONCANACO propone alternativas y diálogo
Ante este panorama, CONCANACO SERVYTUR exige:
- La exclusión del sector terciario de la reforma laboral obligatoria.
- El diseño de esquemas de fortalecimiento que incluyan digitalización, formalización, estímulos fiscales y capacitación territorial.
- El reconocimiento de la heterogeneidad operativa al legislar en materia laboral.