La iniciativa para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales ha despertado una alerta entre los pequeños empresarios. De aprobarse sin un plan de apoyo ni una implementación gradual, más de 22,700 negocios de la Ciudad de México podrían cerrar sus puertas, advirtió Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope).
Cruz alertó que esta reforma laboral, aunque parte de una agenda social progresista, podría convertirse en un golpe letal para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan la base económica de la capital del país. “Estamos hablando de negocios que operan con márgenes mínimos y que no tienen espacio para absorber una reducción de horas laborales sin comprometer la productividad o la plantilla laboral”, señaló en conferencia.
Las MiPymes, en el filo
Según datos de la Canacope, en la Ciudad de México operan alrededor de 476,000 unidades económicas, de las cuales una gran mayoría pertenece al segmento de las MiPymes. Estas empresas concentran buena parte de su gasto operativo en el pago de nómina. Una reducción de ocho horas laborales por semana, sin un plan de compensación o restructura productiva, podría empujarlas al despido de personal, reducción de turnos o cierre parcial y permanente.
Además, muchas de estas empresas (como tiendas de barrio, estéticas, papelerías o talleres mecánicos) requieren atención constante al público, por lo que la disminución de la jornada laboral podría significar menos horas de operación y, en consecuencia, una baja sustancial en los ingresos diarios.
“No estamos en contra de mejorar las condiciones laborales, pero pedimos responsabilidad. Si no se acompaña esta medida con incentivos, la afectación será directa y profunda”, recalcó Cruz.
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Llamado al Congreso: Gradualidad y apoyo
Ante este panorama, la Canacope urgió al Congreso de la Unión a contemplar una implementación gradual y con acompañamiento fiscal. Cruz propuso un esquema progresivo en el que se reduzcan las horas laborales en etapas, mientras el gobierno genera mecanismos de capacitación, tecnología y financiamiento que permitan a las MiPymes adaptarse sin poner en riesgo los empleos formales que generan.
“Lo que solicitamos es un plan integral que reconozca la realidad del sector productivo. No puede haber justicia laboral si se sacrifican miles de fuentes de ingreso en el camino”, enfatizó.
También llamó al diálogo abierto con las cámaras empresariales, para que la reforma no se apruebe sin tomar en cuenta las consecuencias económicas reales en los territorios más vulnerables.
Mejor calidad de vida, sin perder empleos
La propuesta de reducción de jornada laboral la recibieron bien múltiples sectores que buscan mejorar la calidad de vida y salud mental de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, su aplicación requiere una mirada más profunda sobre los impactos diferenciados que tendría en la economía nacional, especialmente en un país donde más del 95% de las empresas son MiPymes.
“Estamos a favor de los derechos laborales, pero exigimos que no se traduzcan en más pobreza ni desempleo. Cada negocio que cierra, es una familia que queda sin sustento”, concluyó Ada Irma Cruz.
El debate sigue abierto en el Congreso, donde se prevé que en las próximas semanas se analicen posibles modificaciones al dictamen original. La voz de las pequeñas empresas, por ahora, pide que las escuchen antes de que el cambio se convierta en crisis.
