Juana Hilda González Lomelí, tras 19 años y 5 meses en prisión, fue liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que su proceso penal estuvo marcado por violaciones graves al debido proceso, incluyendo tortura y el uso de pruebas ilegales.
Esta resolución emblemática reabre el polémico caso Wallace, uno de los más controvertidos del sistema judicial mexicano.
La SCJN ordena la liberación de Juana Hilda González por violaciones al debido proceso
El miércoles 11 de junio de 2025, la Primera Sala de la SCJN otorgó un amparo directo promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) a favor de González Lomelí, anulando la confesión obtenida bajo coacción y cualquier prueba derivada de ella. Además, el tribunal concluyó que las pruebas restantes presentadas por el Ministerio Público eran insuficientes para sostener una condena firme.
El IFDP destacó que esta decisión representa un precedente crucial para miles de personas atrapadas en procesos penales irregulares y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) desistir de acusaciones basadas en pruebas ilícitas y garantizar justicia para otros implicados en el expediente Wallace.
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Caso Wallace: Irregularidades, tortura y pruebas falsas
Juana Hilda González Lomelí fue detenida en 2006 acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace. Desde el inicio, el caso contó con amplia cobertura mediática y respaldo institucional, pero también con denuncias de tortura, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores legales.
A pesar de que nunca se encontró el cuerpo de la supuesta víctima, Juana Hilda y a al menos seis personas más las encarcelaron, muchas en prisión preventiva prolongada sin sentencia definitiva. Juana Hilda González Lomelí denunció repetidamente ser víctima de tortura psicológica y física para forzar su confesión, denuncias ahora validadas por la SCJN.
Un fallo histórico que podría impactar a otros acusados
La liberación de Juana Hilda González Lomelí sienta un precedente legal que podría beneficiar a otros acusados en el caso Wallace, como Brenda Quevedo Cruz, César Freyre y Jacobo Tagle, quienes enfrentan procesos judiciales similares basados en confesiones obtenidas bajo tortura.
El IFDP subrayó que la justicia no puede construirse sobre el miedo ni el abuso de poder, y que esta resolución debe impulsar una reparación estructural en el sistema de justicia mexicano.
¿Quién es Juana Hilda González Lomelí?
Originaria de la Ciudad de México, Juana Hilda González Lomelí es una exbailarina del grupo musical Clímax (conocida por el tema “La za za zá”) que cobró notoriedad mediática por su presunta implicación en el llamado Caso Wallace.
A Juana Hilda González Lomelí la detuvieron a los 30 años y pasó casi dos décadas en prisión, considerada por colectivos de derechos humanos como una presa política y víctima de un sistema penal utilizado para escarmentar más que para impartir justicia.
En abril de 2011, se le condenó a 78 años y 9 meses de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Desde hace años, su caso lo señalan múltiples organismos de derechos humanos (ONU, CNDH, Amnistía Internacional), debido a posibles torturas, confesiones forzadas y falta de evidencia directa, sin que se encontrara el cuerpo de la víctima.
La liberación de Juana Hilda plantea interrogantes sobre la reapertura y revisión de otros expedientes relacionados con el caso Wallace. La sociedad y el sistema judicial mexicano esperan que esta resolución sea el inicio de un proceso de justicia verdadera y reparación para quienes encarcelaron injustamente.
