Por: Eduardo Rivera S.
Presidente del Consejo Editorial de Grupo Mundo Ejecutivo
Este domingo 1 de junio, México vivirá un momento inédito: la ciudadanía elegirá por primera vez a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mediante el voto popular. Se trata de 881 cargos federales y 1,800 estatales que estarán en juego, una maniobra que transformará profundamente la estructura judicial del país.
La reforma, impulsada por el Gobierno y respaldada por el Congreso en septiembre de 2024, busca democratizar la justicia y acercarla al pueblo. Sin embargo, esta transformación ha generado un debate intenso sobre los riesgos que implica politizar el sistema judicial.
Como empresario y ciudadano comprometido con el desarrollo de México, me preocupa que esta elección pueda comprometer la independencia judicial, un pilar fundamental para la certeza jurídica y la confianza en las instituciones.
La participación ciudadana se perfila como un factor crítico. A pesar de que el 72% de la población considera necesarios estos comicios, solo el 34% afirma que votará con certeza. La falta de información sobre los candidatos y la complejidad del proceso electoral, que incluye múltiples boletas y restricciones en las campañas, contribuyen a esta incertidumbre.
El componente político es innegable. Muchos de los perfiles registrados comparten una visión afín al proyecto de transformación nacional impulsado desde el Ejecutivo. Esto no tiene por qué ser negativo, siempre que se garantice que los criterios técnicos, la formación jurídica y el compromiso con la imparcialidad prevalezcan sobre las simpatías ideológicas. El reto no está en la afinidad política, sino en asegurar que el nuevo modelo de justicia responda al interés público y no al cálculo partidista.
La oposición ha manifestado su rechazo al proceso, argumentando que participar sería legitimar una “farsa democrática” y la “destrucción del Poder Judicial”. Esta postura refleja la polarización que rodea a la reforma y la preocupación por su impacto en la democracia mexicana.
Desde el ámbito empresarial, sabemos que la certeza jurídica es clave para la estabilidad económica y la atracción de inversiones. Toda reforma al sistema judicial debe considerar ese principio como guía. No se trata de oponerse al cambio, sino de garantizar que este se traduzca en mayor profesionalización, transparencia y equidad. Con una ejecución cuidadosa, esta transformación podría incluso fortalecer la confianza en las instituciones, siempre y cuando asegure su autonomía y rigor técnico.
En este contexto, es fundamental que la ciudadanía participe de manera informada y crítica en el proceso electoral. Conocer a los candidatos, evaluar sus propuestas y reflexionar sobre las implicaciones de sus elecciones es indispensable para preservar la integridad del sistema judicial.
La justicia no debe decidirse por aplausos ni por lealtades políticas, sino por el compromiso con la legalidad, la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales. Es responsabilidad de todos asegurar que el Poder Judicial siga siendo un contrapeso efectivo y un garante de la democracia en México.
La elección directa puede representar una oportunidad histórica para acercar la justicia al ciudadano de a pie, pero para que esta reforma funcione, deberá ir acompañada de mecanismos claros de evaluación, transparencia y rendición de cuentas. Elegir jueces en las urnas exige que se fortalezca también su formación, su acceso a información objetiva y su compromiso con el Estado de derecho. Solo así garantizaremos que este nuevo modelo judicial esté guiado por principios, no por presiones coyunturales.
La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. En países donde se elige a jueces por voto popular, como algunos estados de EUA, han surgido retos que México puede anticipar y evitar. Si somos capaces de diseñar un modelo que combine participación ciudadana con criterios técnicos y vigilancia institucional, podríamos construir un sistema judicial más legítimo, más cercano y, sobre todo, más fuerte. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad de fortalecer nuestra democracia desde uno de sus pilares fundamentales: la justicia.
La elección directa puede abrir nuevas vías de legitimidad para el Poder Judicial, pero también plantea preguntas que deben resolverse con seriedad: ¿cómo se evaluará a estos nuevos jueces? ¿Qué mecanismos garantizarán su formación continua y su desempeño imparcial? Si esta reforma logra integrar criterios técnicos con participación ciudadana, no solo estaremos renovando las instituciones, sino también acercando la justicia a quienes más la necesitan. La clave estará en asegurar que la rendición de cuentas trascienda el momento electoral y se convierta en una práctica constante y exigente.
