Donald Trump tendría una lista de funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico, así informaron diversas fuentes. La acción del presidente estadounidense tendría el objetivo de imponer sanciones de viaje y financieras. La investigación, firmada por el periodista Tim Golden, menciona que dicha lista incluiría a figuras públicas, principalmente relacionadas con el partido Morena.
Entre los casos destacados durante la semana se encuentra la reciente cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Aunque, habría más nombres que estarían bajo vigilancia por parte del gobierno estadounidense.
Funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico: presión desde la administración Trump
El artículo señala que la lista fue recopilada por un equipo de funcionarios de alto nivel de EE.UU. durante el gobierno de Donald Trump, como parte de una estrategia para endurecer el combate al narcotráfico y presionar al gobierno mexicano a cooperar más activamente en materia de seguridad.
Según fuentes citadas por ProPublica, esta recopilación de nombres incluía tanto investigaciones formales como información de inteligencia proveniente de la DEA, el Departamento de Estado y otras agencias. Las sanciones propuestas abarcaban desde la revocación de visas hasta la inmovilización de bienes en territorio estadounidense.
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Marina del Pilar, el caso más visible hasta ahora
Aunque la lista completa de funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico no ha sido revelada, el reportaje señala el caso de Marina del Pilar Ávila. Su visa fue recientemente cancelada, lo cual ha generado especulaciones sobre las causas, aunque ni el gobierno de México ni el de EE.UU. han emitido declaraciones oficiales al respecto.
ProPublica sostiene que la lista incluiría a más funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico, varios de ellos en cargos relevantes dentro de la estructura de Morena, aunque no se han hecho públicos los nombres por motivos legales y diplomáticos.
Reacciones políticas y silencio institucional
Tras la publicación, actores políticos de oposición han exigido mayor claridad sobre la relación entre autoridades mexicanas y organizaciones delictivas, así como la postura oficial del gobierno federal ante las acciones de Washington.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la propia gobernadora Marina del Pilar han emitido comentarios. Tampoco ha habido una confirmación por parte del Departamento de Estado sobre la existencia formal de esta lista.
