La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó un contundente mensaje a los servidores públicos involucrados en la atención de casos de desaparición: mejorar su desempeño o enfrentar consecuencias. Durante una reunión con el colectivo Guerreros Buscadores, Rodríguez enfatizó que la presidenta Claudia Sheinbaum no tolerará más negligencia ni trato indolente hacia las víctimas. “Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”, advirtió la funcionaria, marcando un precedente en la política de atención a este grave problema social.
El llamado surgió tras las quejas de colectivos sobre la falta de sensibilidad y eficiencia en las investigaciones. Rodríguez aseguró que se implementarán cambios obligatorios en el enfoque de los servidores públicos, priorizando la perspectiva de derechos humanos y la protección de las víctimas. Además, mencionó que se revisarán las actuaciones en casos emblemáticos, como el rancho Izaguirre en Jalisco, donde se investiga un presunto centro de reclutamiento. La fiscalía ya trabaja en el caso, pero también se evaluará la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
¿Por qué este ultimátum podría cambiar la atención a desapariciones en México?
El anuncio de Rosa Icela Rodríguez no es solo una advertencia, sino un reflejo de la presión constante de los colectivos de familiares, quienes han denunciado corrupción y omisiones en las investigaciones. Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, calificó el encuentro como “histórico” y celebró el compromiso de las autoridades federales. Entre las propuestas presentadas, destacan la inclusión de las desapariciones en la política de seguridad federal y la certificación de policías para mejorar las pesquisas.
Sin embargo, el verdadero reto será la implementación. Aunque el gobierno ha prometido acciones inmediatas, los colectivos exigen ver resultados concretos, especialmente en estados como Jalisco, donde la desconfianza hacia las autoridades locales es alta. La próxima reunión, programada para el 23 de mayo, será clave para evaluar si las promesas se traducen en avances reales.
¿Qué sigue en la lucha contra los casos de desaparición forzadas?
El ultimátum de la secretaria Rodríguez abre un capítulo crucial en la atención a este flagelo. Además de los cambios en el servicio público, los colectivos piden:
- Mayor competencia para la FGR en casos de desaparición.
- Censo nacional de familias afectadas para dimensionar el problema.
- Investigación de autoridades estatales vinculadas a negligencia, como las de la administración de Enrique Alfaro en Jalisco.
Mientras tanto, las reuniones con otros colectivos continuarán esta semana, incluyendo a buscadores de Guanajuato y Jalisco. La expectativa es clara: las víctimas ya no aceptarán promesas vacías. Como señaló Navarro, “ahora toca pasar a las acciones”.
