El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia absolutoria en favor del exfutbolista Dani Alves, revocando la condena de cuatro años y medio de prisión que pesaba sobre él por un presunto delito de abuso sexual. La decisión se basó en la falta de pruebas contundentes y en las contradicciones encontradas entre el testimonio de la denunciante y las grabaciones de video de la discoteca donde ocurrieron los hechos.
Alves, quien pasó 14 meses en prisión preventiva antes de obtener la libertad provisional en marzo de 2023, fue absuelto después de que el tribunal determinara que las imágenes de las cámaras de seguridad no respaldaban la versión de la presunta víctima. En las grabaciones, se observa al exjugador del FC Barcelona y Pumas interactuando de manera aparentemente normal con la joven, bailando y compartiendo una bebida, sin indicios claros de violencia o coerción.
¿Por qué el TSJC consideró que no había pruebas suficientes?
El fallo del TSJC señaló que la Audiencia de Barcelona, que inicialmente condenó a Alves, cometió errores al no contrastar adecuadamente las declaraciones de la denunciante con otras pruebas forenses, como huellas dactilares y análisis de ADN. Además, el tribunal destacó que el testimonio de la joven presentaba inconsistencias con lo que mostraban las grabaciones, lo que generó dudas razonables sobre su credibilidad.
La resolución también criticó que, a pesar de reconocer estas discrepancias, el tribunal anterior aceptó el resto de su relato sin una validación rigurosa. “No se puede basar una condena en un testimonio no corroborado y con contradicciones evidentes”, afirmó el TSJC en su dictamen. Esta decisión sienta un precedente sobre la importancia de pruebas objetivas en casos de presunta violencia sexual.
¿Qué implicaciones tiene esta absolución para Dani Alves y el sistema judicial?
La absolución de Alves cierra un capítulo judicial que afectó su carrera y reputación, aunque el exfutbolista ya había sido liberado bajo fianza en 2023. Sin embargo, el caso reabre el debate sobre cómo los tribunales manejan las acusaciones de abuso sexual, especialmente cuando no hay pruebas físicas concluyentes.
Por un lado, defensores de los derechos de las víctimas argumentan que estos fallos pueden desincentivar denuncias por miedo a no ser creídas. Por otro, juristas destacan que el principio de presunción de inocencia debe prevalecer cuando las pruebas son insuficientes. El TSJC subrayó que su decisión no niega la posibilidad de que ocurriera un delito, sino que, ante la falta de evidencia sólida, no se puede sostener una condena.
