La batalla legal de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga dio un giro sorpresivo. Luego de tres años de bloqueo financiero, un tribunal federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) devolverles el acceso completo a sus cuentas bancarias. Esta decisión judicial marca un punto de inflexión en el escándalo por los presuntos 3,000 millones de pesos lavados a través de contratos irregulares con el gobierno federal.
El fallo beneficiando a la presentadora de tv representa un revés para la Fiscalía General de la República (FGR), que desde 2019 lleva una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Los documentos judiciales revelan que el juez consideró “excesivas” las medidas restrictivas impuestas por la UIF, aunque enfatizó que el desbloqueo no equivale a una absolución.
Detrás de esta decisión yace un complejo entramado legal: Inés Gómez Mont y su esposo demostraron que el bloqueo financiero les impedía pagar honorarios de abogados y cubrir gastos básicos, argumento que convenció al juez. Sin embargo, fuentes de la FGR aseguran que rastrearán cada movimiento bancario de la pareja, especialmente los vinculados a los comprobantes fiscales digitales que presuntamente usaron para blanquear dinero.
Pese a recuperación de sus cuentas, la sombra de Interpol persiste ante Inés Gómez Mont
A pesar de esta victoria parcial, Inés Gómez Mont sigue en la mira internacional. La ficha roja de Interpol, activada en 2021 tras las órdenes de aprehensión giradas por un juez de control, mantiene a la expresentadora en la lista de buscados en 194 países.
Testigos protegidos han declarado ante la FGR que la pareja operaba una red de empresas fantasma que facturaban servicios nunca prestados al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
El desbloqueo financiero generó indignación entre funcionarios anticorrupción. Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, calificó la decisión como “un peligroso precedente” que podría beneficiar a otros investigados por lavado de dinero. Mientras tanto, Inés Gómez Mont mantiene un perfil bajo desde su refugio en el extranjero, donde según sus abogados, “sigue colaborando con la justicia mexicana“.
Analistas jurídicos coinciden en que el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga ejemplifica las contradicciones del sistema judicial mexicano. Por un lado, jueces que protegen derechos procesales; por otro, fiscales que enfrentan obstáculos para perseguir delitos complejos.
El expediente judicial, que ya supera las 5,000 fojas, incluye testimonios clave sobre cómo se habrían simulado transacciones comerciales para justificar el depósito de millones en cuentas de la pareja.
