La Conade dejó un daño al erario superior a 500 millones de pesos entre 2018 y 2020, durante la dirección de Ana Gabriela Guevara Espinoza, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las irregularidades incluyen contratos con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y pagos que no fueron debidamente comprobados, lo que ha derivado en tres demandas en su contra. La investigación busca esclarecer el uso de recursos públicos y determinar responsabilidades por los presuntos desvíos.
Irregularidades detectadas y contratos cuestionados
Los informes de la ASF señalan que la Conade no justificó el uso de fondos federales en varios rubros, incluyendo apoyos a deportistas, entrega de uniformes y becas. Se identificaron pagos improcedentes por equipos de cómputo y por personal no certificado, además de contratos directos sin la documentación necesaria. Entre los casos más relevantes se encuentran 115 millones de pesos en contratos con la UAEH durante 2018 y 2019, pagos de seis millones de pesos por falta de documentación para subcontratación y un contrato sin retención de IVA por 279 mil 153 pesos.
Estos hallazgos evidencian fallas en la supervisión y la administración de los recursos públicos asignados al deporte en México, así como posibles prácticas de adjudicación directa sin justificación, que podrían derivar en sanciones penales.
Acciones legales y consecuencias para la exdirectora
La ASF emitió su tercera demanda contra Guevara en marzo de 2025, vinculándola con un presunto desvío de 70 millones de pesos. La exatleta enfrenta cargos por adjudicación directa de contratos y sobornos a empresas privadas. Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), y las investigaciones continúan para determinar si hubo participación activa en la malversación de fondos.
El caso genera atención en el ámbito político y deportivo, ya que se trata de un precedente en la rendición de cuentas en organismos deportivos de México. Mientras tanto, las autoridades federales buscan garantizar que los recursos públicos se recuperen y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
