Dicen que el peor error que puede cometer un banco, más allá de quebrar, es perder la confianza. Esta semana, tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— fueron declaradas “de preocupación primaria” por la FinCEN, el brazo contra crimen financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Están acusadas de lavar dinero para carteles vinculados al tráfico de fentanilo y precursores químicos desde China.
Desde el 25 de junio, los bancos estadounidenses tienen prohibido operar con ellas. No un llamado a evitar, sino un corte abrupto a cualquier relación financiera. Visa canceló transacciones con CIBanco, mientras proyectos inmobiliarios clave como Terrafina y Fibra Inn le retiraron la confianza como fideicomisario. La CNBV intervino la operación de las dos instituciones bancarias para proteger depósitos y mitigar el contagio sistémico.
Estas entidades suman activos por miles de millones de dólares: Vector gestiona cerca de 11,000 millones, CIBanco alrededor de 7,000 e Intercam 4,000. Las acusaciones incluyen transferencias millonarias vinculadas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo. Y aunque el Gobierno mexicano ha señalado que aún no tiene evidencia sólida —la presidenta reclamó pruebas y dijo: “no somos la piñata de nadie”—, el desgaste reputacional ya está en marcha.
Como alguien que ha supervisado juntas empresariales y participado en negociaciones transfronterizas, no palpo dramatismo superficial en este caso, observo, más bien, que lo que están pisando es un terreno complejo donde colindan política, economía y credibilidad.
Una sanción de esta magnitud a un banco mediano es inédita y manda un mensaje claro: México está en el radar más allá de sus crisis migratorias o comerciales.
Por eso, el impacto va más allá del descalabro para esas tres entidades: golpea la percepción sobre el sistema bancario nacional. Agencias internacionales como S&P y Fitch ya degradaron la calificación de CIBanco e Intercam, lo que complica aún más sus posibilidades de financiamiento internacional y aumenta las primas de riesgo para sus operaciones.
Este episodio pone sobre la mesa varias urgencias: actualizar y fortalecer la regulación para combatir lavado de dinero, mejorar la interoperabilidad con contrapartes internacionales y garantizar transparencia total. No basta con controlar una sucursal, sino anticipar riesgos. Es un llamado a que el sistema bancario mexicano entienda que la confianza se construye.
También es una prueba para nuestra diplomacia económica. La respuesta de México debe ser firme, transparente y comunicada con disciplina. Una estrategia dual: exigir evidencia cuando no hay pruebas contundentes, pero también comprometerse públicamente a colaborar con claridad si las hay. Eso habla de intencionalidad institucional.
Para los empresarios, este caso recalca la necesidad de diversificar bancos, fortalecer su due diligence y diseñar protocolos de cumplimiento que trasciendan lo mínimo exigido por ley. Ya no basta con mantener auditorías internas; hay que mostrar transparencia ante organismos internacionales y corresponsabilidad con autoridades mexicanas y extranjeras.
Y en un país que busca inversión extranjera, cada señal importa. El mensaje implícito que envía el sistema financiero al mundo debe ser el de una competencia con reglas muy claras, riesgos anticipados y compromiso con la rendición de cuentas.
En fin, esto no es una crisis de tres bancos, sino un aviso a toda una estructura. Cuando San Luis Potosí o Jalisco hablan de clústeres automotrices o de energías limpias, están construyendo una reputación sectorial. Cuando el sistema financiero se tambalea, hablamos de la reputación nacional. Es hora de tomarse en serio no solo los asuntos financieros, sino también el lenguaje que se transmite cada vez que una sanción cruza fronteras.