El equipo de asesores del senador poblano Néstor Camarillo Medina costó al Senado de la República 987 mil 718 pesos durante 2025. Esto fue lo que reveló una investigación de e-consulta, donde además se hizo énfasis en que de los siete contratados, seis no tenían experiencia; y el que la tenía, no fue ni siquiera el mejor pagado.
De acuerdo con información contenida en declaraciones patrimoniales y contratos por honorarios, el equipo del legislador de Movimiento Ciudadano está integrado por siete colaboradores. Solo uno tenía experiencia laboral previa en actividades relacionadas con el Poder Legislativo; los otros seis asesores tenían experiencia en ayuntamientos, dependencias gubernamentales o áreas administrativas ajenas al trabajo parlamentario. Algunos ni siquiera tenían antecedentes laborales vinculados al ámbito legislativo.
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Néstor Camarillo necesitó en 2025 de asesores sin experiencia por 987 mil pesos
El único integrante del equipo con experiencia en el Poder Legislativo es Juan Carlos Armenta Medina, quien percibe una remuneración de 50 mil pesos. De acuerdo con su trayectoria profesional, fue secretario particular de Camarillo Medina tanto en el Congreso del Estado de Puebla como durante su etapa al frente de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
No obstante entre los colaboradores de Néstor Camarillo en el Senado destaca Carlos Juárez López, identificado como asesor especializado y quien recibió la mayor remuneración dentro del equipo. Según los registros revisados, percibió 779 mil 557 pesos durante el periodo analizado. Pese a esto, Juárez López no tenía experiencia laboral previa en actividades legislativas ni patrimonio registrado a su nombre.
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Los datos han generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la integración de equipos de asesoría legislativa, particularmente por tratarse de personal cuya función principal consiste en apoyar el análisis de iniciativas, elaboración de posicionamientos y seguimiento de la actividad parlamentaria.
La información proviene de declaraciones patrimoniales y contratos por honorarios disponibles en los registros públicos del Senado de la República, los cuales permiten conocer la integración y remuneración de los equipos que respaldan el trabajo de los legisladores federales.
