Una niña indígena de 12 años, hablante de náhuatl, viajó desde su comunidad hasta Huauchinango, Puebla, para denunciar una violación. Sin embargo, el proceso no se llevó a cabo por falta de un intérprete en su lengua.
Primero acudió a la Casa de Justicia de su municipio, donde tampoco la atendieron debido a la barrera del lenguaje. Por ello, en compañía de su madre, abuela y hermano, emprendió un viaje de cuatro horas desde la comunidad de Alta, en Pahuatlán.
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Tras el recorrido, llegaron a la Casa de Justicia de Huauchinango, donde tampoco obtuvieron respuesta. La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció la falla y, a través de un comunicado, admitió que no contaban con un perito traductor en náhuatl para atender la denuncia de violación que interpuso la niña.
Ante la imposibilidad de denunciar, la menor y su familia fueron trasladadas al Centro LIBRE Casa Carmen Serdán, en Huauchinango. Fue hasta la mañana del 26 de noviembre cuando lograron presentar formalmente la denuncia, gracias a un traductor proporcionado por una organización civil.
Niña busca denunciar violación, pero la ignoran por hablar náhuatl; caso evidencia barreras estructurales para víctimas indígenas
El suceso ocurrió el pasado 25 de noviembre, justo durante la conmemoración internacional del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en pleno “Año de la Mujer Indígena” establecido por el gobierno federal.
El caso despertó preocupación entre activistas por las graves barreras lingüísticas que persisten en el sistema de justicia del país. La falta de intérpretes en lenguas originarias imposibilita el acceso a la justicia para víctimas indígenas, especialmente mujeres y niñas.
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Ante la polémica, el gobierno del estado de Puebla pidió a la FGE contratar abogados e intérpretes indígenas. La fiscalía reconoció que, aunque cuenta con algunos intérpretes, su disponibilidad no siempre es inmediata. Actualmente, la FGE solo tiene 16 traductores para atender denuncias en fiscalías especializadas en todo el estado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que, sin intérpretes certificados y personal especializado, muchas denuncias continúan sin atenderse. Advierten que esta barrera representa una forma de violencia institucional que vulnera los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables.
Por: Ivonne Pérez
