El rezago judicial en Puebla se acentuó durante 2024. Aunque el presupuesto del Poder Judicial local creció 27.4%, las resoluciones en todas las materias disminuyeron 34.5% respecto al año anterior, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025 del INEGI.
El año cerró con solo 63 sentencias condenatorias en materia penal, que incluyen delitos como homicidio, feminicidio, robo y extorsión. Para especialistas, esta baja productividad judicial refleja ineficiencia institucional y refuerza la desconfianza social hacia las autoridades encargadas de impartir justicia.
Poder Judicial con más recursos, pero menos resultados
En 2024, Puebla se ubicó entre los cinco estados con mayor número de jueces, al contar con 124 juzgadores y 26 magistrados. Sin embargo, el personal administrativo representa el 95.1% de la plantilla total del Poder Judicial, mientras que solo 4.9% se dedica directamente a dictar sentencias.
Durante ese año, se emitieron 27,675 resoluciones, de las cuales el 59% correspondió a asuntos familiares y el resto a temas civiles, mercantiles, laborales y penales. Los conflictos familiares —violencia doméstica, custodia y pensión alimenticia— siguen siendo los de mayor incidencia.
Pese a contar con 150 juzgadores, el número de sentencias cayó frente a 2023, cuando se registraron 42,277. En contraste, el presupuesto pasó de 1,369 a 1,744 millones de pesos.
Expertos advierten un panorama poco alentador
De acuerdo con Jonathan Carlos Amaro Hernández, académico de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, el sistema judicial enfrenta un círculo de desconfianza y lentitud procesal. La falta de denuncias, la carga de trabajo y las prácticas dilatorias de algunos litigantes agravan el retraso.
Amaro advierte que la elección popular de jueces locales prevista para 2027 podría complicar la situación, ya que los nuevos juzgadores podrían carecer de experiencia suficiente.
Organizaciones como Impunidad Cero señalan que en Puebla solo el 0.42% de los delitos denunciados se resuelven, lo que muestra una baja efectividad en la impartición de justicia.
Con más gasto público pero menos resultados, el reto para el Poder Judicial poblano será recuperar la confianza ciudadana y garantizar procesos judiciales más ágiles, transparentes y eficaces.
