Estados Unidos cancela visas a políticos mexicanos por narcotráfico. La agencia británica Reuters informó que al menos 50 políticos y funcionarios de México han perdido su permiso para ingresar al país como parte de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico. La noticia se conoció este martes, aunque el Gobierno mexicano asegura no tener información precisa sobre quiénes forman parte de la lista.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en su conferencia matutina que Washington no comparte estos datos con las autoridades mexicanas. La revocación se comunica únicamente de forma individual a cada persona afectada. Entre los posibles afectados se menciona a políticos del partido Morena y a funcionarios de otros partidos. Un caso documentado es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres, quienes perdieron su visa en mayo. La medida afectó su reputación pública y generó un contexto de polémica que terminó con el anuncio de su divorcio.
Motivos y contexto de la medida
De acuerdo con fuentes anónimas, Estados Unidos prepara restricciones de viaje y sanciones contra políticos vinculados a casos de corrupción y narcotráfico. La lista incluiría a gobernadores estatales, líderes de Morena y cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. El Departamento de Estado estadounidense recordó que las visas pueden revocarse en cualquier momento, y que esta acción se justifica si se detectan actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos.
La decisión forma parte de la política de mano dura del gobierno de Donald Trump frente al narcotráfico en México y evidencia un acercamiento punitivo hacia funcionarios involucrados en corrupción o en vínculos con el crimen organizado. Hasta el momento, no se ha publicado la lista completa de afectados, ni se conocen detalles sobre investigaciones en curso.
Impacto y próximos pasos
El retiro de visas genera incertidumbre en la clase política mexicana y plantea interrogantes sobre la colaboración bilateral en temas de seguridad y migración. El Gobierno mexicano mantiene contacto con autoridades estadounidenses para abordar los efectos de la medida y garantizar que se respeten los canales diplomáticos, mientras los funcionarios afectados enfrentan las consecuencias de no poder ingresar al país vecino por razones aún no detalladas públicamente.
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