El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó penas de hasta 66 años de cárcel para quien cometa homicidio contra trabajadores de la educación durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. La medida busca proteger a los docentes frente a delitos, lesiones y homicidios, dado que el Código Penal vigente establecía de 20 a 50 años de prisión por homicidio calificado y multas de mil 440 a 3 mil 600 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). La iniciativa surge ante el aumento de agresiones, tanto físicas como virtuales, y busca ofrecer certeza y respaldo institucional a quienes ejercen funciones educativas.
Sanciones adicionales y denuncias falsas
Además de aumentar las penas por homicidio, los legisladores aprobaron castigar con seis meses a dos años de prisión y multas de 100 a 300 UMAs a quienes presenten denuncias falsas contra docentes. La pena se incrementa a la mitad si la persona denunciada es trabajadora de la educación y su cargo se ve afectado, y en caso de lesiones, la sanción se eleva en un tercio. Esta disposición responde a la creciente afectación del prestigio y la integridad profesional de los docentes, muchas veces por acusaciones infundadas de estudiantes, padres de familia o miembros de la comunidad educativa.
Apoyo del magisterio y estadísticas
El magisterio de Tlaxcala celebró la reforma. Cutberto Chávez de la Rosa, secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, destacó que ahora quienes acusen a los docentes deberán probar los hechos. Hasta el momento, más de 100 casos de denuncias se han registrado, de los cuales 80 % resultaron falsos, afectando a niveles desde preescolar hasta educación técnica. El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, informó que durante el último ciclo escolar se registraron más de 90 agresiones directas a maestros en Tlaxcala, reflejo de una tendencia nacional que la reforma busca atender.
Con estas medidas, el Congreso local establece un marco legal que protege la integridad y la función profesional de los trabajadores de la educación, garantizando sanciones severas frente a homicidios, lesiones y acusaciones infundadas, así como certeza y respaldo institucional para el ejercicio seguro de sus labores.
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