En el marco del sexto aniversario de la Guardia Nacional, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, declaró que el estado “hoy está más seguro que antes”. El mandatario afirmó que su administración ha trabajado de forma coordinada con fuerzas federales y municipales para mejorar las condiciones de seguridad pública. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con lo que sostienen diversos colectivos de periodistas locales, quienes acusan al gobierno estatal de promover una estrategia de represión a través de campañas virtuales, procesos judiciales y presión institucional contra quienes ejercen la crítica.
El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha señalado que en los últimos meses se ha detectado un aumento en los intentos de intimidación contra reporteros independientes, especialmente en medios digitales. Algunos casos han derivado en carpetas de investigación por presuntos delitos contra el honor o el orden público, lo que, según organismos de defensa de la libertad de expresión, busca inhibir la labor informativa. A esto se suma una serie de publicaciones anónimas desde cuentas apócrifas en redes sociales que buscan desacreditar a periodistas críticos del gobierno.
La confrontación no ha pasado desapercibida a nivel nacional. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han emitido comunicados donde piden que el gobierno estatal garantice condiciones de libertad para el ejercicio periodístico, sin persecución ni censura. Por ahora, el discurso oficial y las denuncias de la prensa independiente se encuentran en polos opuestos. En medio, queda la pregunta sobre hasta dónde avanzará este conflicto entre el poder político y quienes tienen la tarea de documentarlo.
