El acceso al aborto legal en México ha tenido avances importantes en los últimos años; sin embargo, todavía existen diferencias regionales en la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres.
Aunque diversas entidades han reformado sus Códigos Penales para permitir la interrupción legal del embarazo, aún nueve de los 32 estados del país no han modificado completamente su legislación, lo que mantiene un panorama desigual en el acceso a este derecho.
El proceso de reformas comenzó en 2007 y se aceleró a partir de 2019, impulsado por resoluciones judiciales y cambios legislativos en distintos congresos estatales.
La Ciudad de México fue el primer estado en despenalizar el aborto
El antecedente más importante en la despenalización del aborto en México ocurrió en 2007, cuando la entonces Ciudad de México aprobó reformas que permitieron la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Esta decisión marcó un precedente nacional y abrió el camino para que otros estados comenzaran a discutir reformas similares en sus legislaciones locales.
Durante varios años el avance fue gradual, pero a partir de 2019 el proceso de cambios legislativos se aceleró en diferentes regiones del país.
Estados que despenalizaron el aborto entre 2019 y 2022
El primer estado en seguir el ejemplo de la capital fue Oaxaca en 2019. Posteriormente, varios congresos estatales aprobaron reformas para eliminar sanciones penales contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Entre los estados que avanzaron en este periodo se encuentran:
- Hidalgo (2021).
- Veracruz (2021).
- Coahuila (2021).
- Baja California (2021).
- Colima (2021).
En 2022 se sumaron más entidades al proceso de reformas:
- Sinaloa.
- Guerrero.
- Baja California Sur.
- Quintana Roo.
Estas modificaciones ampliaron el mapa de estados donde el aborto dejó de ser considerado un delito en determinadas circunstancias.
Estados que aprobaron la despenalización del aborto en 2024
El avance continuó en años recientes, especialmente durante 2024, cuando varios congresos estatales aprobaron reformas para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo.
Entre las entidades que realizaron cambios legislativos ese año destacan:
- Puebla.
- Jalisco.
- Michoacán.
- Chiapas.
- San Luis Potosí.
- Zacatecas.
- Estado de México.
Con estas reformas, más de la mitad del país cuenta ya con legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo determinados plazos.
Estados que se sumaron a la despenalización del aborto en 2025
El proceso legislativo continuó en 2025, cuando otros congresos estatales aprobaron reformas para eliminar sanciones penales contra el aborto voluntario.
Entre las entidades que realizaron modificaciones se encuentran:
- Nayarit.
- Chihuahua.
- Campeche.
- Yucatán.
- Tabasco.
Estas reformas ampliaron el número de estados donde las mujeres pueden acceder a servicios de interrupción legal del embarazo dentro de un marco legal definido.
¿Qué dice la Suprema Corte sobre el aborto en México?
La discusión sobre el aborto legal en México también ha estado marcada por resoluciones judiciales relevantes, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El máximo tribunal del país ha determinado que criminalizar el aborto es inconstitucional, al considerar que vulnera los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.
No obstante, aunque esta resolución establece criterios jurídicos importantes, cada estado debe modificar sus propias leyes locales para garantizar plenamente este derecho, lo que explica las diferencias actuales entre entidades.
Aborto legal en México: un proceso con avances desiguales
A pesar de los avances legislativos en distintas regiones, aún existen nueve estados del país que no han reformado completamente sus leyes para garantizar el acceso pleno al aborto legal.
Esto significa que el acceso efectivo a los derechos reproductivos en México todavía depende del lugar donde viven las mujeres.
Organizaciones civiles y especialistas en salud pública han señalado que armonizar las legislaciones estatales es clave para garantizar que la interrupción del embarazo sea legal, segura y accesible en todo el territorio nacional.
