La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó la apertura de 312 expedientes oficiales para indagar posibles irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la normatividad vigente.
Reestructuración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante corrupción en Puebla
En el ámbito de la seguridad pública municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla registró relevos en sus mandos. Desde marzo de 2025, ocho oficiales fueron removidos de sus cargos por presuntos nexos con actos ilícitos, según informes oficiales. Esta serie de cambios incluyó además la detención de varios policías municipales, atribuida a investigaciones federales. En total, siete elementos de la policía fueron detenidos, situación que propició la realización de 24 bajas adicionales y la restructuración de mandos en la SSC durante los primeros días de 2026.
Estos movimientos en la estructura de seguridad se registraron en un contexto de incremento de los índices delictivos en el estado. Al cierre de 2025, se reportaron más de 82 mil delitos, donde el robo en todas sus modalidades representó el mayor volumen con casi 29 mil casos. Le siguieron delitos contra la familia, con alrededor de 12 mil registros, así como fraudes y daños a la propiedad, con más de 5 mil casos respectivamente.
De forma paralela, la administración estatal enfrenta litigios derivados de presuntas irregularidades en obras públicas ejecutadas en gobiernos anteriores. Estos procedimientos legales se relacionan con denuncias de obras simuladas y contratos irregulares, generando procesos judiciales que aún se encuentran en desarrollo.
Fortalecimiento institucional
El avance en los procesos administrativos y judiciales se encuadra dentro de la estrategia oficial de combate a la corrupción y fortalecimiento institucional adoptada por la actual administración estatal. El marco legal que regula estas acciones corresponde a la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas y al Sistema Nacional Anticorrupción, que establecen los procedimientos para investigar, sancionar y, en su caso, promover acciones penales contra servidores públicos involucrados en conductas irregulares.
De esta manera, el gobierno estatal continúa con acciones dirigidas a transparentar el ejercicio de recursos públicos, controlar los niveles de corrupción y mejorar la seguridad ciudadana, mediante la investigación exhaustiva de presuntas faltas administrativas y delitos cometidos dentro del aparato gubernamental y cuerpos de seguridad municipales. Más información sobre temas de seguridad y justicia está disponible en la categoría policiaco.
Para contextualizar el marco jurídico que regula estas acciones, se puede consultar información oficial en la página de la Secretaría de Gobernación.
