El Sorteo del Buen Fin repartirá 500 millones de pesos libres de impuestos entre compradores y vendedores que realicen transacciones con tarjetas bancarias entre el 13 y 17 de noviembre de 2025. El decreto fue publicado el 3 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tiene como propósito incentivar el uso de medios de pago electrónicos, además de fortalecer la economía formal del país.
El documento, firmado por la presidenta de México, establece que los premios estarán exentos de impuestos locales, lo que garantiza que los ganadores reciban el monto íntegro. Este estímulo fiscal busca fomentar la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo, una práctica que el Gobierno Federal considera clave para impulsar la transparencia y la formalidad económica.
Incentivo a la formalidad y la inclusión financiera
El sorteo, organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), forma parte de una estrategia que pretende dinamizar la actividad económica en todas las regiones del país. Según el decreto, el objetivo es “impulsar el crecimiento y desarrollo económico equilibrado entre las regiones y fomentar la competitividad y formalidad de los mercados”.
Desde su creación en 2013, este sorteo ha servido como una herramienta para fortalecer la confianza en los medios de pago electrónicos y promover su adopción por parte de consumidores y comerciantes. En ediciones anteriores, los resultados han mostrado un aumento en el número de operaciones realizadas con tarjetas durante el Buen Fin, así como una mayor participación de negocios formalmente establecidos.
El Buen Fin 2025 y su impacto económico
La edición 2025 de El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre y se espera que participe la mayor parte del comercio formal del país. El uso de tarjetas de crédito y débito será indispensable para que las compras sean elegibles en el sorteo.
El Gobierno de México destacó que este tipo de incentivos no solo beneficia a los consumidores, sino que también estimula a los negocios a digitalizar sus operaciones y adoptar esquemas financieros más seguros y eficientes.
El decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación y mantendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2026. Con ello, se busca mantener el impulso hacia una economía más formal y conectada, donde los pagos electrónicos continúen ganando terreno frente al uso del efectivo.
