Protestas violentas tras asesinato del alcalde de Uruapan en Michoacán se realizaron el 2 de noviembre, luego del homicidio del edil, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante un evento público. La movilización creció por órdenes difundidas en redes sociales con la consigna “Ya basta de abusos y omisiones”, como reacción al séptimo alcalde asesinado bajo la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Las manifestaciones escalaron e incluyeron la irrupción al palacio estatal.
Manifestación y toma de la sede gubernamental
La manifestación partió desde la Plaza María Morelos y Pavón de Morelia poco después de las 16 horas. Los participantes, que exigían fin de la impunidad, avanzaron por la Avenida Francisco I. Madero Poniente con dirección a la Catedral. En medio del trayecto, un grupo ingresó por la fuerza al Palacio de Gobierno de Michoacán y causó destrozos mientras coreaba consignas contra el gobernador Bedolla. Elementos policiales intervinieron y dispersaron la marcha mediante gases lacrimógenos, en lo que fue un episodio de tensión con detenciones. De acuerdo con medios, el material audiovisual del suceso habría sido borrado por autoridades.
Contexto del crimen y demanda de justicia
Carlos Manzo fue atacado a balazos durante la celebración del Festival de las Velas por el Día de Muertos en Uruapan. Las autoridades confirmaron que el arma utilizada estaba vinculada a grupos criminales. Su muerte elevó a siete el número de alcaldes asesinados en Michoacán desde que Alfredo Ramírez Bedolla asumió la gubernatura. La indignación ciudadana se hizo visible en el cortejo fúnebre del alcalde, que transitó por Uruapan bajo fuerte resguardo, en una marcha que incluyó la presencia de su caballo, símbolo de su cercanía con el municipio.
Los manifestantes señalaron que no se trataba de cuestiones partidistas sino de un clamor generalizado por seguridad y erradicación de la corrupción. En varios puntos se coreó: “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!”. El gabinete de seguridad estatal aseguró que el crimen no quedará sin sanción.
Esta movilización refleja un nivel de hartazgo profundo frente a la violencia que persiste en el estado. Las exigencias de la ciudadanía se centran en que las autoridades cumplan su promesa de cero impunidad y actúen con claridad.
