La redada policial más letal en la historia de Río de Janeiro dejó 132 muertos, según reportes de la Defensoría Pública del Estado. El operativo se llevó a cabo el martes en las favelas de Penha y Alemão con el objetivo de ejecutar órdenes de detención contra presuntos integrantes del grupo criminal Comando Vermelho.
Las autoridades estatales informaron que la acción se desarrolló con el apoyo de helicópteros, vehículos blindados y drones. El despliegue fue justificado como una respuesta ante el incremento de la violencia en la zona y la necesidad de capturar a miembros de la organización criminal. Sin embargo, la magnitud del operativo y la cifra de víctimas generaron críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
Operativo y consecuencias inmediatas
De acuerdo con el balance oficial, entre los fallecidos se encuentran cuatro agentes de la policía y 115 presuntos miembros del Comando Vermelho. Además, fueron arrestadas 113 personas y se aseguraron 119 armas de fuego, junto con 14 artefactos explosivos.
Habitantes de las comunidades afectadas denunciaron abusos y excesos durante la operación, mientras que grupos sociales señalaron la falta de transparencia en los reportes iniciales. La Defensoría Pública confirmó que funcionarios de la institución acompañaron las labores de búsqueda e identificación de cuerpos desde la madrugada del miércoles, en colaboración con familiares de las víctimas.
El operativo provocó además una fuerte alteración en la vida cotidiana de la zona norte de la ciudad. Se registraron bloqueos en carreteras, suspensión de más de un centenar de rutas de transporte público y cierre de escuelas y centros de salud durante la jornada.
Debate sobre el uso de la fuerza
La magnitud de la redada abrió un debate nacional sobre los límites del uso de la fuerza en operativos contra el crimen organizado. El gobierno estatal defendió la acción al asegurar que se trató de un cumplimiento legítimo de órdenes judiciales, mientras que diversos sectores políticos y sociales solicitaron una investigación independiente sobre lo ocurrido.
El gobierno federal también expresó preocupación por el número de víctimas y anunció la revisión de los protocolos de seguridad en operaciones de alto riesgo. Expertos en derechos humanos advirtieron que la falta de supervisión y la violencia institucional pueden agravar el conflicto en comunidades vulnerables.
