Multan e inhabilitan a exsecretaria de Finanzas de Puebla tras comprobarse su responsabilidad en una inversión fallida. El 27 de octubre de 2025, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado resolvió que María Teresa Castro Corro incurrió en desvío de recursos públicos y abuso de funciones durante su gestión como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
El fallo establece una multa de 362 millones de pesos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier cargo público. De acuerdo con la resolución, Castro Corro fue responsable de autorizar la inversión de más de 600 millones de pesos del erario en Accendo Banco, una institución que se declaró en quiebra apenas tres meses después de recibir los recursos.
La decisión judicial también destacó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había advertido meses antes sobre las irregularidades financieras y los bajos niveles de liquidez del banco, lo que refuerza la negligencia en la decisión de invertir dinero público en esa entidad.
De “secretaria consentida” a funcionaria sancionada
Durante el gobierno de Miguel Barbosa, María Teresa Castro Corro se convirtió en una de las funcionarias más cercanas al mandatario. Sin embargo, su trayectoria se vino abajo cuando se revelaron los malos manejos financieros que provocaron pérdidas millonarias al estado.
Tras dejar su cargo en 2023, Castro Corro adquirió una casa de 5.7 millones de pesos al contado, una compra que levantó sospechas por ser incongruente con su salario mensual declarado de 59 mil 646 pesos. Su declaración patrimonial también muestra la adquisición de cinco casas, dos departamentos y cuatro terrenos entre 1996 y 2023, con un valor total superior a 15 millones de pesos.
La exfuncionaria fue descrita durante años como la pieza clave del control financiero estatal, pero su salida coincidió con la caída de Accendo Banco y con las primeras investigaciones sobre el manejo de los fondos públicos.
Denuncias abiertas y daño al erario
La sanción administrativa no cierra el caso. Permanecen activas las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República por el quebranto de más de 600 millones de pesos. Hasta el momento, no existen reportes oficiales sobre la recuperación de esos recursos ni sobre avances en el proceso judicial.
El caso de María Teresa Castro Corro refleja cómo el abuso de poder y la negligencia en el manejo del dinero público pueden tener consecuencias duras, tanto políticas como personales. De ser considerada una de las figuras de confianza de la administración barbosista, pasó a ocupar un lugar central en uno de los mayores escándalos financieros del estado.
