José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra bajo el escrutinio público por ser propietario de 13 ranchos en el estado. De estos, ocho fueron adquiridos mientras su hermano estaba al frente de la presidencia de México.
El funcionario asegura que todas las propiedades son producto de su trabajo y niega cualquier irregularidad. Sin embargo, sus respuestas generan más dudas que certezas.
Durante una entrevista con medios locales, López Obrador afirmó que su patrimonio está declarado públicamente y que no tiene “nada que ocultar”. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el valor total de sus propiedades, estimado en casi siete millones de pesos, se limitó a responder que no tiene la cifra exacta y que “habría que hacer cuentas”, dejando un vacío en la explicación sobre cómo financió estas compras.
Compras graduales y propiedades “pequeñas”
El secretario tabasqueño relató que comenzó a adquirir tierras desde 1992 y que amplió su propiedad original comprando terrenos cercanos poco a poco.
“Si tengo esas propiedades es porque fui comprando pedazos, uno tras otro. Son ranchos pequeños y los conseguí con esfuerzo”, comentó.
La coincidencia entre la adquisición de la mayoría de los ranchos y los años en que su hermano ocupaba la presidencia genera suspicacias entre analistas y la ciudadanía.
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López Obrador vinculó las críticas a una presunta campaña de desprestigio creada por los “poderosos” que no perdonan las políticas implementadas por su hermano.
“No perdonan que Andrés Manuel haya dado recursos al pueblo y no a ellos”, señaló, tratando de trasladar la discusión hacia un conflicto político más amplio.
Ataques a sus críticos y defensa política
Además de justificar su patrimonio, José Ramiro López Obrador calificó a sus críticos como “jilgueros de la mafia que mal gobernó Tabasco”, mencionando específicamente a Roberto Madrazo y Manuel Andrade. Con ello, buscó centrar el debate en rivalidades históricas y desviar la atención de las dudas sobre la legalidad y transparencia de sus adquisiciones.
