El seguro vehicular obligatorio en Puebla fue avalado esta semana por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó su constitucionalidad y confirmó que todos los automovilistas deberán contar con una póliza de daños a terceros. Con esta resolución, el máximo tribunal puso fin a la controversia promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que había impugnado la norma al considerar que vulneraba el derecho al libre tránsito.
La SCJN concluyó que la disposición no afecta los derechos de movilidad, sino que fortalece la seguridad vial y promueve la responsabilidad civil entre los conductores. De este modo, la reforma aprobada en diciembre de 2023 a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla queda firme y aplicable en todo el estado.
Un paso hacia la responsabilidad vial
La obligatoriedad del seguro vehicular representa un cambio significativo en la forma en que los conductores poblanos deberán enfrentar los accidentes de tránsito. Más allá de ser una exigencia legal, la medida busca fomentar una cultura de responsabilidad al volante y reducir conflictos derivados de siniestros viales.
Actualmente, las pólizas de cobertura básica por daños a terceros pueden costar entre 5,000 y 8,000 pesos anuales, o alrededor de 600 pesos mensuales, dependiendo del tipo de vehículo y aseguradora. Aunque para algunos automovilistas el gasto puede representar un esfuerzo económico, la medida ofrece una alternativa más segura frente a los costos imprevistos de un accidente.
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Prevención ante fraudes y extorsiones
Uno de los objetivos principales de la disposición es disminuir los casos de fraude cometidos por los llamados “montachoques”, grupos dedicados a provocar accidentes para extorsionar a las víctimas. Con la entrada en vigor del seguro obligatorio, las aseguradoras asumirán la gestión inmediata de los incidentes, evitando que los conductores sean presionados a pagar sumas injustificadas en el lugar del percance.
Además, contar con un seguro permitirá que los automovilistas enfrenten posibles consecuencias legales o económicas derivadas de accidentes con mayor respaldo. En casos de siniestros considerados delitos culposos, las aseguradoras también cubrirán los daños ocasionados, lo que reducirá el riesgo de sanciones judiciales o privación de la libertad.
