El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Universidad Iberoamericana alertó sobre un incremento de posibles feminicidios en Puebla. Entre 2021 y el 15 de septiembre de 2025, la institución registró 244 casos, cifra que supera ampliamente los 161 reportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el mismo periodo. Esta discrepancia pone en evidencia un probable subregistro de carpetas de investigación.
Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable de acompañamiento psicosocial en el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría”, explicó que los datos del OVSG se basan en fuentes hemerográficas sobre muertes violentas de mujeres.
Según la académica, la fiscalía podría no reflejar la totalidad de los casos debido a la falta de aplicación del protocolo con perspectiva de género y a una narrativa oficial que sugiere que este delito está en disminución.
Perfil de las víctimas y agresores
El informe “La lucha por la justicia es una lucha por la vida” indica que en la mayoría de los casos, las víctimas conocían a su agresor, siendo este en muchos casos la pareja sentimental. Entre 2023 y 2025, seis de cada diez mujeres asesinadas habían tenido contacto previo con quien las atacó.
Además, se observó que los feminicidios suelen responder a patrones de violencia sistemática: muchas mujeres habían sufrido violencia familiar o desapariciones antes de ser asesinadas.
Los grupos más vulnerables incluyen mujeres de 28 a 36 años. Los municipios con mayor número de casos son Puebla capital, Atlixco, Tehuacán y Tecamachalco. Las fechas de mayor incidencia coinciden con meses conmemorativos, como marzo y mayo, durante el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Madre.
Diferencia entre cifras oficiales y observatorio
En 2024, el OVSG documentó 55 posibles feminicidios, mientras que la fiscalía abrió menos carpetas de investigación. En lo que va de 2025, la brecha se mantiene: 25 casos registrados por la universidad frente a 17 carpetas iniciadas por la FGE. Este desfase preocupa a expertos, quienes advierten que la subestimación oficial puede afectar las políticas de prevención y protección de mujeres en el estado.
Gamboa Muñoz enfatizó que estos asesinatos no deben considerarse incidentes aislados. Por el contrario, reflejan una violencia estructural que exige atención inmediata de autoridades, instituciones educativas y sociedad civil para garantizar la protección de las mujeres en Puebla.
