El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó en el Congreso de Puebla una iniciativa. Esta iniciativa busca proteger de manera más efectiva los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la explotación.
La propuesta plantea que padres, madres o abuelos que obliguen o permitan que los menores participen de manera reiterada en la mendicidad forzada o el trabajo infantil pierdan la patria potestad. El objetivo es garantizar su bienestar y desarrollo integral.
Mendicidad y trabajo infantil como formas de explotación
La iniciativa define la mendicidad forzada como una forma de explotación infantil. Se considera que ocurre cuando los menores son obligados, manipulados o inducidos a pedir dinero, alimentos u otros bienes en espacios públicos o privados, siempre en beneficio de un tercero. Este tipo de práctica viola los derechos de los menores y los expone a riesgos físicos y psicológicos significativos.
De igual forma, el trabajo infantil se presenta como un obstáculo directo al desarrollo de los menores. Participar en actividades laborales perjudica su salud física y mental. Además, limita su crecimiento social y afecta su desempeño académico. Aurioles Barroeta señala que los niños y adolescentes que trabajan enfrentan dificultades para asistir y permanecer en la escuela. Por ende, esto repercute negativamente en su formación y en sus oportunidades futuras.
Garantizar el derecho al desarrollo integral
El diputado enfatiza que la propuesta tiene como prioridad asegurar que todas las políticas públicas dirigidas a la infancia respeten y promuevan el interés superior de los menores. Señala que los niños y adolescentes tienen derecho a la alimentación, la salud, la educación y el esparcimiento, y que cualquier programa o acción gubernamental debe garantizar estos elementos como base de su desarrollo integral.
Además, Aurioles Barroeta subraya la importancia de la responsabilidad de los adultos en la protección de los menores. La iniciativa pretende establecer consecuencias legales claras para quienes permitan que los niños sean utilizados con fines de explotación, asegurando así que su bienestar y seguridad prevalezcan por encima de cualquier interés particular.
