Un reciente estudio internacional volvió a colocar a Puebla bajo la lupa en materia de justicia penal. De acuerdo con el “Almanaque 2024: Balance de la Justicia Penal en México”, elaborado por el World Justice Project (WJP), la entidad ocupa el quinto lugar a nivel nacional con mayor número de arbitrariedades y violaciones a derechos humanos en procesos judiciales.
El informe, que ofrece un análisis integral sobre el sistema de justicia penal acusatorio (SJPA), subraya la urgencia de atender las fallas que afectan tanto a víctimas como a personas acusadas. El capítulo de debido proceso resulta clave, ya que ahí se concentran los indicadores que permiten medir la equidad de un juicio.
Debido proceso, eje de la justicia penal y de los procesos judiciales
El WJP evaluó cinco necesidades básicas para garantizar un proceso justo: respeto a las garantías, control del uso de la fuerza en detenciones, ausencia de corrupción, prevención de maltratos o tortura, y disminución de detenciones arbitrarias junto con la prisión preventiva.
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Los hallazgos para Puebla muestran un panorama preocupante. Según el reporte el 28% de las personas privadas de la libertad fueron víctimas de detención arbitraria. Además, aunque el 66 % de los detenidos fueron trasladados ante la autoridad competente en las primeras cuatro horas, casi todas las personas sentenciadas (98%) enfrentaron su juicio bajo prisión preventiva. En casos extremos, el 11% permaneció recluido más de dos años sin sentencia.
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A nivel nacional, los estados que mejor cumplen con los criterios de debido proceso son Durango, Sinaloa, Zacatecas y Chihuahua. Por el contrario, la Ciudad de México, Michoacán y el Estado de México registran los niveles más bajos de cumplimiento.
Puebla aparece en una situación intermedia, pero con cifras alarmantes: comparte un 70% de arbitrariedades con Guerrero y Querétaro, quedando apenas detrás de Chiapas.
Urgencia de reformas
El informe del WJP señala que, pese a que la implementación del SJPA redujeron las detenciones irregulares, todavía persisten prácticas que afectan la confianza ciudadana. La elevada proporción de prisión preventiva y los casos documentados de tortura o maltrato subrayan la necesidad de cambios estructurales.
La justicia en Puebla enfrenta un reto mayor: garantizar que los derechos de cada persona se respeten, desde la detención hasta la sentencia, evitando abusos que minan la credibilidad institucional.
