Este 18 de agosto a las 15:00 horas, Luis Fernando N. recuperó su libertad tras la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal de San Andrés Cholula. El joven de 25 años, conductor de un Cupra León, estaba detenido por su presunta responsabilidad en el choque múltiple ocurrido en la Vía Atlixcáyotl el pasado 16 de agosto, incidente que cobró la vida de José Alberto, de 53 años, y dejó dos personas heridas.
La liberación se concretó porque el agente del Ministerio Público se desistió de argumentar la legalidad de la detención y, en su lugar, informó al juez que existía voluntad de ambas partes para alcanzar un acuerdo reparatorio mediante medios alternativos de solución de conflictos de la Fiscalía General del Estado (FGE). El juez concedió entonces la suspensión provisional del proceso, lo que permitió la inmediata puesta en libertad del implicado.
Familias afectadas desconocen el acuerdo
Sin embargo, familiares del taxista que resultó herido durante el accidente aseguraron que no recibieron notificación alguna para asistir a la audiencia. Afirmaron, además, que en ningún momento manifestaron su voluntad de otorgar el perdón o llegar a un acuerdo con Luis Fernando N.
Según su testimonio, tampoco el resto de los afectados directos o indirectos habría sido convocado formalmente al acto judicial. Esta falta de comunicación ha generado desconfianza y la sospecha de que actos de corrupción o irregularidades procesales que facilitaron la liberación del detenido sin el consentimiento de todas las víctimas.
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El duelo y la exigencia de justicia
Mientras esto ocurría en los tribunales, el cuerpo de José Alberto, la víctima mortal del percance, fue velado en el Recinto Funeral Latinoamericana en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche. Familiares y amigos despidieron al padre de dos hijos, y su hermano, Baruch, utilizó sus redes sociales para exigir justicia. A través de un video publicado en Facebook, mostró el momento en que el acusado abandonaba las instalaciones de la Casa de Justicia y pidió a la Fiscalía General del Estado de Puebla y al gobernador Alejandro Armenta que el caso no reciba un carpetazo.
“Sé que nada me devolverá a mi hermano, pero su asesino no puede irse así como si nada”, expresó.
Aunque la prisión preventiva no es obligatoria en casos de homicidio culposo, la ley establece con claridad que la suspensión provisional del proceso requiere el acuerdo expreso de todas las partes involucradas para llegar a un arreglo con el imputado, un requisito que, según los afectados, no se cumplió.
