En el tramo que cruza Puebla, estas brechas ilegales llevan años funcionando a la vista de autoridades. Especialistas señalan que su existencia prolongada evidencia la impunidad que domina una de las carreteras más peligrosas del país, donde el robo a transportistas y automovilistas se ha sofisticado.
Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común, afirma que la desatención federal a la seguridad carretera permitió que estas rutas se consolidaran.
“Son mecanismos ilegales que involucran a bandas y autoridades locales”, advierte.
Pese a que la Guardia Nacional (GN) identificó los puntos críticos, solo se han clausurado 10 accesos: 2 en México-Puebla y 8 en Puebla-Orizaba, estos últimos financiados por empresarios.
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Cómo operan los accesos ilegales en la autopista
Los grupos criminales violaron la infraestructura federal para crear una red de escapes estratégicos:
- Ubicación: Mayoría en Esperanza, Santa Rita Tlahuapan y Huejotzingo (Puebla), y Chalco (Estado de México).
- Método: Derribaron barreras de concreto y abrieron brechas de terracería cerca de puentes vehiculares.
- Uso: Facilitan robos a transporte de carga, asaltos a automovilistas y secuestros exprés.
Un ejemplo es el kilómetro 213 hacia Puebla, donde los delincuentes conectaban la autopista con comunidades como Cuesta Blanca y Tehuitzo. En Esperanza, se detectaron cuatro salidas ilegales en solo 10 km, todas con acceso a colonias cercanas. Para cerrarlas, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) excavó zanjas de 2–3 m de profundidad y 100 m de longitud.
Impunidad y desatención institucional
La persistencia de estos accesos refleja fallas sistémicas:
- Abandono federal: Según Escobar Ayala, la extinción de la Policía Federal debilitó la vigilancia carretera.
- Clausuras mínimas: Capufe solo cerró 2 de 38 accesos en México-Puebla.
- Colaboración criminal: Las rutas sugieren complicidad entre bandas y autoridades locales.
El comandante de la GN, Hernán Cortés Hernández, admitió que los municipios más afectados son Esperanza y Coronango. Sin embargo, la falta de transparencia oficial oculta el verdadero impacto delictivo.
“No son hechos improvisados, sino operaciones sofisticadas”, recalca Escobar.
Los 46 accesos clandestinos en la México-Veracruz son síntoma de un problema mayor: la seguridad carretera sigue sin ser prioridad. Mientras empresarios asumen costos de clausuras y la GN reactiva operativos, la impunidad persiste. Para reducir los riesgos, se requiere no solo cerrar brechas, sino investigar redes criminales y fortalecer la coordinación interinstitucional.
