Puebla registra seis denuncias por ciberacoso, principalmente contra menores. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que estos casos, reportados desde la tipificación del delito en el Código Penal local, involucran a estudiantes de secundaria y preparatoria. Según la fiscal Idamis Pastor Betancourt, los afectados son en su mayoría mujeres y adolescentes víctimas de hostigamiento en grupos digitales creados por compañeros.
Qué se considera ciberacoso en Puebla
El ciberacoso, reconocido legalmente en Puebla desde junio de 2024, abarca conductas como amenazas, difusión no consentida de datos personales y vigilancia constante a través de redes sociales o mensajes electrónicos. Para que se configure como delito, debe haber una afectación emocional o psicológica comprobable.
Los seis casos reportados hasta ahora corresponden a particulares, sin que ningún servidor público haya interpuesto denuncias. Esta exclusión responde a una reforma reciente que impide a funcionarios públicos usar esta figura legal para silenciar críticas en redes, salvaguardando así la libertad de expresión.

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Casos en entornos escolares
Dos de las denuncias fueron presentadas por padres de familia cuyos hijos sufrieron acoso en instituciones educativas. Uno de los casos ocurrió en una secundaria y otro en un bachillerato, donde estudiantes crearon grupos en plataformas digitales para hostigar a sus compañeros.
Pastor Betancourt destacó que, aunque la ley busca proteger especialmente a mujeres y menores, su aplicación requiere criterios claros para evitar interpretaciones arbitrarias. Organizaciones civiles han advertido sobre riesgos de uso indebido si no se establecen lineamientos precisos para las autoridades.
Debates y alcances de la ley
La incorporación del ciberacoso al Código Penal de Puebla ha generado discusiones sobre su definición y límites. Mientras algunos sectores celebran la medida como un avance contra la violencia digital, otros subrayan la necesidad de evitar que criminalice expresiones legítimas en redes.
La fiscal insistió en que la ley no debe emplearse para censurar opiniones, sino para sancionar acciones reiteradas que causen daño psicológico. Además, señaló que se trabaja en protocolos de actuación para fiscales y policías cibernéticos, con el fin de garantizar investigaciones rigurosas.
Con estas denuncias, Puebla se suma a los estados que combaten el acoso en línea, aunque el reto sigue siendo equilibrar la protección de las víctimas con el respeto a los derechos digitales.