Puebla, en el año 2024, registró un aumento del 25.4% en embarazos en menores de edad, en comparación con el 2023. De acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), el año pasado se contabilizaron 6,764 madres adolescentes, lo que equivale a un promedio de 18 embarazos diarios en la entidad. En contraste, en 2023 se reportaron 5,392 casos, lo que significa un incremento de mil 372 embarazos en solo un año.
Si bien no se reportaron embarazos en niñas de 10 años durante 2024, sí se detectó un aumento en niñas de 11 años, pasando de cero a cinco casos. En menores de 12 años hubo 14 embarazos, mientras que en niñas de 13 años se registraron 86 casos.
En adolescentes de 14 años se documentaron 439 embarazos; en menores de 15 años, mil 173; en jóvenes de 16 años, dos mil 118; y en las de 17 años, dos mil 909, según el Igavim con cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud de Puebla.
Concentración geográfica: Puebla capital y municipios vecinos
El Observatorio Ciudadano señaló que más de la mitad de los embarazos adolescentes (54.69%) se concentraron en los diez municipios más poblados del estado. Destacan especialmente los municipios de Puebla capital, Tehuacán, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan como los focos con mayor incidencia.
Embarazo adolescente, uno de los principales retos para la niñez
El embarazo en menores de edad es señalado como uno de los problemas más graves que enfrentan las niñas y adolescentes en Puebla, junto con el trabajo infantil. Así lo indicó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Gonzalo Prado Álvarez.
En respuesta a esta problemática, el Sipinna destacó la importancia de impulsar la instalación y fortalecimiento de los sistemas municipales de protección a menores, como una prioridad para garantizar los derechos y bienestar de la población infantil y adolescente.
Un llamado a la acción
El aumento en embarazos de menores de edad refleja la urgencia de implementar políticas públicas efectivas de prevención, educación sexual y acompañamiento para adolescentes. Además, resalta la necesidad de combatir factores sociales que contribuyen a esta problemática, como la falta de acceso a servicios de salud adecuados, la violencia y la pobreza.
