Hallazgo del rancho Izaguirre desata debate sobre intervención de la Corte Penal Internacional

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El macabro hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre de Jalisco, ha generado preocupación a nivel internacional. Este descubrimiento pone énfasis en la violencia organizada de México, con posibles vinculaciones al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, genera preguntas sobre si este caso podría ser llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI).

¿Por qué el hallazgo del rancho Izaguirre sería una cuestión internacional?

El Rancho Izaguirre, señalado como un posible centro de «reclutamiento y exterminio», recuerda patrones de violencia sistemática, objeto de intervención por los tribunales internacionales. Según el Estatuto de Roma, la CPI tiene competencia en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Para considerar un homicidio un crimen de lesa humanidad, debe representar un ataque sistemático contra los civiles, tal como explica Rodolfo González Espinosa, investigador en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Universidad de Göttingen.

¿Caso del Rancho Izaguirre sería contemplano como un crimen de lesa humanidad?

La clave estaría en determinar si el Rancho Izaguirre es parte de una estrategia de exterminio que cumpla con las medidas establecidos por la CPI. Además, González Espinosa resalta que la Corte opera bajo el principio de complementariedad, lo que significa que solo interviene cuando un Estado no puede o no desea investigar estos crímenes.

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Situación de Jalisco y su comparativa con la realidad internacional

Por su parte, Jan-Michael Simon, investigador del Instituto Max Planck para la Investigación del Crimen, la Seguridad y el Derecho, destaca que la b ha procesado a grupos armados en situaciones de conflicto armado reconocido, como en Sudán y la República Democrática del Congo. Sin embargo, la falta de un conflicto armado declarado en México podría complicar que los crímenes cometidos por los cárteles sean tratados bajo la jurisdicción de la CPI.

No obstante, Simon sugiere que, debido a la complejidad y violencia de la estructura del CJNG, podría argumentarse que este grupo se asemeja a un actor beligerante. Sin embargo, subraya que la motivación económica del CJNG, centrada en el narcotráfico, podría restarle fuerza a esta clasificación.

Aunque la CPI puede abrir una investigación por iniciativa propia, también puede hacerlo a solicitud de un Estado parte o mediante la remisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, según Simon, la posibilidad de que México lleve el caso ante la Corte es remota, ya que implicaría reconocer la incapacidad del Estado para manejar la crisis de violencia que atraviesa.

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