Waldo Fernández, senador con licencia y aspirante de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, lanzó un llamado urgente para fortalecer la seguridad en Nuevo León mediante una estrategia basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Durante un encuentro con medios de comunicación realizado este 28 de julio de 2026, el político morenista señaló que las diferencias entre actores políticos han permeado las Mesas de Seguridad, situación que considera perjudicial para la protección de los ciudadanos neoleoneses.
¿Quién es Waldo Fernández y por qué su postura importa?
Waldo Fernández González es uno de los políticos con mayor trayectoria en Nuevo León dentro de las filas de Morena. Abogado de profesión, ha ocupado diversos cargos públicos que le han permitido conocer de cerca la problemática de seguridad en la entidad.
Como senador de la República representó a Nuevo León en la cámara alta, donde participó en comisiones relacionadas con justicia y seguridad pública. Su experiencia legislativa le ha dado una perspectiva amplia sobre los mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales.
Actualmente, con licencia de su cargo en el Senado, Fernández busca posicionarse como un actor clave en la estrategia de seguridad que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional.
Coordinación: la clave según el morenista
El aspirante morenista fue enfático al señalar que la estrategia de seguridad debe construirse sobre una base de colaboración permanente entre la Federación, el Gobierno del Estado y los municipios de Nuevo León.
“La seguridad se arregla con tres palabras: coordinación, coordinación, coordinación. La Federación, Estado y municipios tienen que tener y aportar a las mesas de trabajo la coordinación necesaria para poder paliar todos los delitos, no solamente uno en particular.”
Waldo Fernández, aspirante de Morena
Esta declaración cobra relevancia en un contexto donde Nuevo León enfrenta retos importantes en materia de seguridad pública. La zona metropolitana de Monterrey, que incluye municipios como San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y San Pedro Garza García, concentra la mayor parte de la población y también de los índices delictivos.
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Diferencias políticas afectan Mesas de Seguridad
Uno de los puntos más contundentes del mensaje de Waldo Fernández fue su crítica a la manera en que los conflictos entre actores políticos han contaminado los espacios de coordinación institucional.
Las Mesas de Seguridad son instancias donde se reúnen representantes de los distintos niveles de gobierno para analizar la situación delictiva, compartir información de inteligencia y coordinar operativos. Sin embargo, según el morenista, estas reuniones se han visto afectadas por las tensiones partidistas.
“La clase política está peleada aquí todos contra todos, eso se lleva a las Mesas de Seguridad; hay que sacarlo de las Mesas de Seguridad y reinstalar la confianza entre las instituciones que se dedican a proteger a los ciudadanos.”
Waldo Fernández, senador con licencia
Este señalamiento no es menor. En Nuevo León coexisten gobiernos de distintas fuerzas políticas: el estado es gobernado por Movimiento Ciudadano, mientras que varios municipios del área metropolitana están en manos de otros partidos, incluyendo Morena, PAN y PRI.
Reconoce avances pero advierte sobre delitos del fuero común
El aspirante morenista reconoció que las estadísticas nacionales muestran una disminución en algunos delitos de alto impacto, particularmente en homicidios. Este resultado, afirmó, es producto del trabajo conjunto entre las distintas autoridades a nivel federal.
Sin embargo, Fernández alertó sobre una situación que ha detectado durante sus recorridos por diversas colonias de Nuevo León: la persistente percepción de inseguridad entre los ciudadanos.
Según el político, esta percepción está directamente relacionada con delitos del fuero común que afectan la vida cotidiana de las familias regiomontanas:
- Robos en sus distintas modalidades
- Robos con violencia
- Violencia familiar
Estos delitos, aunque no siempre aparecen en los titulares, son los que más impactan la sensación de seguridad de los habitantes. Un robo de celular, un asalto en el transporte público o un incidente de violencia doméstica pueden marcar profundamente a las víctimas y sus familias.
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¿Qué significa esto para los regiomontanos?
El llamado de Waldo Fernández pone sobre la mesa un debate que los habitantes de Nuevo León conocen bien: la necesidad de que sus autoridades trabajen de manera conjunta, sin importar el color partidista, para garantizar la seguridad en calles, colonias y espacios públicos.
Para los vecinos de municipios como Monterrey, Apodaca o Guadalupe, la coordinación entre policías municipales, estatales y federales no es un tema abstracto. Es la diferencia entre una respuesta rápida ante una emergencia o la impunidad de quienes cometen delitos aprovechando la falta de comunicación entre corporaciones.
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha impulsado a nivel federal estrategias de coordinación que buscan precisamente lo que Fernández demanda: que los tres órdenes de gobierno trabajen de manera articulada.
El contexto político detrás del llamado
Las declaraciones de Waldo Fernández no pueden leerse fuera del contexto político actual. Como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el morenista busca posicionarse como una figura capaz de tender puentes entre las distintas fuerzas políticas.
En un estado donde Morena no gobierna pero tiene presencia importante, el discurso de coordinación y despolitización de la seguridad le permite diferenciarse y enviar un mensaje tanto a la ciudadanía como a los actores políticos locales.
La seguridad en Nuevo León seguirá siendo un tema central en la agenda pública. Los ciudadanos esperan que, más allá de los discursos, las autoridades de todos los niveles asuman el compromiso de trabajar juntas por la tranquilidad de las familias regiomontanas.
La coordinación interinstitucional será puesta a prueba en los próximos meses, cuando las estadísticas delictivas del segundo semestre de 2026 revelen si los esfuerzos conjuntos están dando resultados concretos para los habitantes de Nuevo León.