El origen del conflicto legal se remonta a casi una década, cuando las autoridades cancelaron la construcción de un acueducto previsto para fortalecer el sistema hídrico de la entidad. Esta cancelación activó una cláusula de penalización contractual por parte de los contratistas, lo que derivó en una demanda millonaria contra el gobierno estatal.
Cancelación del proyecto Monterrey VI genera ahorro millonario a Nuevo León
El proyecto estaba diseñado para dotar de agua potable a la zona metropolitana, una de las áreas con mayor crecimiento demográfico y urbanístico en el país. 
Durante el proceso judicial, el Ejecutivo estatal contó con la defensa técnica y legal del Gabinete de Buen Gobierno, estructura creada para supervisar y coordinar aspectos jurídicos y de política pública. Este gabinete presentó argumentos basados en la falta de viabilidad técnica y económica, además de irregularidades detectadas en la etapa inicial del contrato. Estas posturas fueron determinantes para que el juez emitiera un fallo favorable al estado, lo que implicó una reducción considerable de la multa originalmente solicitada por la parte reclamante.
Impacto y marco legal de la cancelación del proyecto
El resultado judicial generó un impacto fiscal considerable para las finanzas públicas de Nuevo León, pues se evitó una erogación multimillonaria que habría afectado el presupuesto asignado a áreas prioritarias como infraestructura y servicios básicos. Además, esta resolución marca un precedente en la forma en que las autoridades estatales manejan controversias contractuales derivadas de proyectos públicos de gran escala.
Este caso en Nuevo León se enmarca en un contexto donde varios estados del país enfrentaron litigios similares por la reestructuración de proyectos y contratos en sectores estratégicos como el agua y la energía. La cancelación de Monterrey VI refleja una tendencia a priorizar planes alternativos para el manejo de recursos hídricos con enfoques más sostenibles y ajustados a las condiciones económicas y sociales actuales.
El marco institucional que abarcó esta controversia incluye la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que regula las condiciones para rescindir contratos y establece mecanismos para resolver conflictos. La participación del Poder Judicial local fue clave para dirimir la controversia con base en las pruebas y alegatos presentados.
El litigio también implicó una discusión política entre el Ejecutivo estatal y el Congreso local sobre la asignación presupuestal para 2026, con debate respecto a la sostenibilidad financiera tras sentencias como esta. La trascendencia pública del caso fue cubierta por diversos medios y plataformas, reflejando su relevancia en la agenda regional.
