La Cámara de Diputados redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, tras aprobar una reforma constitucional y modificar la Ley Federal del Trabajo. El voto final reunió 469 votos a favor y registró algunas abstenciones y votos en contra, formalizando el cambio legal que se implementará de manera paulatina hasta el año 2030.
El dictamen estableció que la disminución progresiva de la jornada laboral mantendrá la estructura de seis días de trabajo semanal, sin establecer la obligatoriedad de dos días completos de descanso consecutivos. El ajuste no afectará el salario ni las condiciones laborales vigentes para la mayoría de los trabajadores formales. El objetivo formal de la reforma busca actualizar el marco normativo y alinearlo con estándares internacionales en materia laboral.
Proceso legislativo y marco legal de la reforma laboral
El proceso legislativo inició con la aprobación unánime en el Senado el pasado 11 de febrero, y posteriormente recibió la validación definitiva en la Cámara de Diputados. El Congreso mexicano completó con esta reforma uno de los cambios más significativos en la legislación laboral de las últimas décadas, que impacta a millones de trabajadores en todo el país. 
La reforma estipula un calendario de transición conforme al cual el promedio de horas semanales de trabajo disminuirá progresivamente, estableciendo etapas claras hasta alcanzar las 40 horas. Este calendario contempla ajustes en las jornadas distribuidas durante la semana laboral, sin ampliar necesariamente los días de descanso obligatorios, manteniendo la semana laboral tradicional.
Reducción jornada laboral: implementación y supervisión
Entre los aspectos necesarios para la implementación, la Ley Federal del Trabajo fue modificada para incluir las nuevas disposiciones y criterios administrativos que permitirán supervisar y verificar el cumplimiento de esta reducción. Las autoridades laborales contarán con instrumentos para monitorear las adecuaciones en las empresas y evitar el menoscabo en los derechos adquiridos.
La promulgación de esta reforma obliga a los patrones a adecuar sus esquemas laborales conforme al nuevo marco legal y establece obligaciones claras para el sector público y privado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) asumirá un papel principal para difundir, supervisar y aplicar las normas para garantizar el cumplimiento efectivo.
La reforma también establece mecanismos para evitar que la reducción de la jornada implique recortes salariales o prestaciones, lo que impone un marco de protección al salario y la seguridad social. En la ley quedan claros los derechos que no podrán ser disminuidos con motivo de la nueva regulación.
Impacto de la reforma en diferentes sectores y contexto internacional
El cambio afecta a sectores variados, desde la industria manufacturera y el comercio hasta los servicios, que deberán actualizar sus horarios de trabajo en los próximos cuatro años conforme al calendario previsto. Se prevé que las modificaciones impacten de manera directa en las condiciones laborales de millones de trabajadores formales inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El cambio normativo se inscribe en un contexto global donde varias economías han ajustado sus horarios para promover el bienestar de los trabajadores y mejorar la productividad. En México, esta reforma se produjo tras solicitudes de diversos sectores y debates legislativos extendidos que consideraron el impacto económico y social.
Este ajuste legal forma parte de un marco más amplio de transformaciones en materia laboral impulsadas por la actual legislatura y responde a compromisos internacionales asumidos por México en tratados y convenios multilaterales. La reforma completa obliga a diversos actores del sistema económico y social a coordinar acciones para su aplicación.
